Tener el uniforme de una institución castrense no los ha blindado. Ya son al menos ocho los uniformados, de diferentes rangos, que han caído abatidos a tiros en diferentes lugares y circunstancias que, según la Policía Nacional, están bajo investigación para someter a los responsables a la acción de la justicia.
Hombres que, pese a haberse formado para cuidar a la ciudadanía son ellos quienes han sucumbido a las balas de desconocidos.
Algunos de estos casos se han perpetrado en medio de supuestos atracos donde desaprensivos ponen su ojo en ellos y los convierten en sus presas.
Tal es el caso de Gregorio Ramírez Pineda, de 37 años, segundo teniente del Ejército, quien murió supuestamente a manos de dos delincuentes que decidieron atracarlo en el tramo de la carretera Sánchez, en la provincia San Cristóbal.
No obstante hay otros casos que dejan más preguntas que respuestas como el sucedido en el sector María Auxiliadora donde el segundo teniente de la Policía Nacional, Ramón Antonio CabreraFerrer, de 36 años, fue baleado hasta la muerte por desconocidos que, sin mediar palabras, (según han dicho sus familiares) llegaron a la calle Juan Evangelista Jiménez donde la víctima esperaba a sus hijos que estudian en una escuela de esa zona.
¿Quiénes son esas personas? ¿Estaba metido en cuestiones ilícitas? ¿Qué informaciones han podido recabar las autoridades? ¿Será que estamos adoptando una cultura criminal como países como México? ¿Les falta mejor entrenamiento a quienes llevan esos uniformes puestos?
Lo que parece ser cierto es que cada día que pasa a las autoridades se les está poniendo más difícil porque los delincuentes han demostrado que no le temen a las consecuencias que supone llevarse por delante a una persona que es representante de la ley.
