Por: Nelson Mateo
SANTO DOMINGO.- La Ley de modernización fiscal ha sido una propuesta impositiva mal elaborada y peor presentada, donde la forma ha distado mucho de la importancia que reviste para garantizar la sostenibilidad económica del país.
Se trata de una propuesta de adecuación del marco legal impositivo demandada y justificada por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, el Banco Mundial y otros organismos crediticios que ya ven con preocupación algunos puntos de la economía, como el déficit fiscal establecido en un 3.6 % del PIB, el monto de la deuda pública que ya supera el umbral del 60 % de todo lo producido, el hoyo del sector eléctrico que solo para el 2025 se proyecta en 2 mil millones de dólares, la evasión fiscal, la informalidad laboral, los más de 44 mil millones de dólares tomados prestados durante la primera gestión del actual régimen, y un presupuesto general en el que solo para el año que casi termina incluyó una carga de 235 mil millones en exenciones fiscales para empresarios e industriales.
Ese mismo sector que hoy se ha sublevado al gobierno, rechazando algunos impuestos y pidiendo gradualidad para el desmonte de las exenciones y seguridad en la ley de actualización fiscal.
La propuesta tributaria es una receta cuya necesidad ha sido reconocida por todos los sectores, incluyendo los partidos de oposición y, en su momento, sus candidatos presidenciales públicamente. No se trata solo de los organismos internacionales y la oposición, también los empresarios, las iglesias y otras organizaciones sociales.
Un consenso natural que el gobierno no supo capitalizar. Fallaron los asesores políticos, y el plan de comunicación llegó muy tarde. Ha llegado cuando ya la población parece cerrada a escuchar explicaciones que perfectamente se debieron dar antes de enviar el paquete de tributos al Congreso. En las vistas públicas del Congreso quedó más que evidente.
Ha sido un error olímpico permitir que el pueblo se entere de la parte que más los afectará a través de las redes sociales o por el discurso de la oposición, siempre interesado. Fallaron los asesores políticos porque la reforma fiscal, si bien es cierto que tiene efectos esencialmente económicos, lo cierto es que siempre deberá estar acompañada de una licencia social y política en la que la oposición es fundamental.
Nunca es inteligente elaborar y tratar de imponer medidas impopulares sin llevarlas a la mesa del diálogo, en busca de legitimidad, pero también para compartir los infortunios que pueda traer su impacto. Lo positivo siempre se le endosa al gobierno. La reforma fiscal debió ser consensuada en el Consejo Económico y Social.
La cadena de errores también arrastró a los técnicos que elaboraron la propuesta al incluir impuestos tan explosivos como el IPI a partir de las viviendas de 5 millones de pesos, el aumento del 100 % al pago de placas en función del año del vehículo y no de su valor, permitiendo con ello la injusticia de que un vehículo de 250 mil o 400 mil pesos pague el mismo porcentaje que otro de 2 millones de pesos.
La propuesta debió ser socializada con el partido y sus más altos dirigentes, así como con los candidatos presidenciales de esa organización.
En el gobierno nunca está de más escuchar a los expertos de la Junta Monetaria y seleccionar técnicos autorizados para su defensa. Claro, también con todos los sectores y partidos de oposición.
Y es que el gobierno perdió de vista que la reforma fiscal es una iniciativa de naturaleza económica que viste de traje político. Es la relación entre la forma y el fondo, el continente y el contenido, donde la primera es tan importante como la segunda. Es como en el Derecho: si se viola el debido proceso, se cae toda la narrativa, y eso fue lo que finalmente falló en este proceso, obligando al presidente Abinader a retirar el tan necesario proyecto, pero tan mal presentado y menos defendido hasta por sus propios funcionarios.
En condiciones más adversas y de convulsiones sociales, Milei introdujo en Argentina una reforma fiscal. Los primeros días fueron convulsos, pero el plan de comunicación implementado antes, durante y después de la presentación de los tributos ha logrado convencer al pueblo de su imperiosa necesidad. Hoy ya las protestas cesaron en las calles, y el presidente, con perfil de roquero, continúa con su plan de recuperación financiera, con el aval de la mayoría, apoyado en un plan de comunicación puntual, oportuno y constante, puesto en marcha a través de los medios tradicionales y las redes sociales.
En República Dominicana, las condiciones económicas, políticas y sociales son mucho menos adversas que las de Argentina, entonces el gobierno debió ser más efectivo en la búsqueda de esa licencia social y política para pasar la reforma tributaria que todos dicen apoyar, pero que nadie quiere pagar.
Luis Abinader debe aprovechar el revés y pedir explicaciones a los elaboradores de la Ley de Modernización Tributaria, a los asesores políticos y al poco efectivo plan de comunicación implementado, que evidentemente llegó cuando ya la población no admitía explicaciones valederas.
Una vez más, el presidente Abinader sufre los efectos de los errores de quienes olvidaron de manera infantil que la reforma fiscal siempre será una propuesta capaz de unificar el sentimiento de un pueblo que no tiene cultura de pagar impuestos y que, por su naturaleza incendiaria, siempre deberá ser el producto de un pacto político con licencia social.
