Horas antes del colapso que dejó 235 muertos en el Jet Set Club, un empleado advirtió a Antonio Espaillat sobre el deterioro visible en el techo del local, a pesar del mensaje, no se tomaron medidas urgentes y el evento pautado para esa noche siguió en pie.
El aviso fue enviado por Gregorio Adames Arias el 7 de abril de 2025 a las 2:33 p.m., según consta en el expediente del Ministerio Público. “Los plafones se están rompiendo porque están cayendo pedazos del techo y eso es peligroso”, escribió Adames. La respuesta del empresario fue breve: “Manuel de inmediato. Llámalo”, derivando la situación al encargado de mantenimiento.
Minutos después, Manuel Jiménez Mateo informó que se habían sustituido algunos plafones, pero Adames insistía en que seguían cayendo piedras del techo. Incluso contactó a una empresa para un levantamiento estructural, aunque este solo estaría disponible días después.
El mismo día del desastre, empleados recogieron escombros del falso techo y colocaron lonas azules para contener filtraciones. Sin embargo, los peritos determinaron que los materiales que caían no eran solo de los plafones, sino también del techo principal, lo que indicaba un riesgo mayor.
Gregorio Adames llegó a subirse a una escalera para remover plafones en riesgo de desprenderse. Esta acción fue informada a Maribel Espaillat, hermana de Antonio y también imputada en el caso, quien estuvo a cargo del local esa noche. Aun así, no se suspendió el evento.
Horas más tarde, testigos escucharon un fuerte estruendo dentro del club. Para Adames, era una señal clara de un posible colapso, pero sus advertencias continuaron sin respuesta.
El derrumbe se produjo a las 12:44 a.m. del 8 de abril, mientras se presentaba el merenguero Rubby Pérez, con la canción “De Color de Rosa”. Cientos de personas estaban en el lugar, muchas quedaron atrapadas bajo los escombros.
Según el Ministerio Público, la tragedia pudo evitarse. El expediente incluye comunicaciones, testimonios y evidencias que muestran un patrón de advertencias ignoradas, acciones improvisadas y decisiones que priorizaron la actividad comercial sobre la seguridad del público.
Los fiscales han presentado cargos contra Antonio y Maribel Espaillat por homicidio involuntario, negligencia criminal y obstrucción de la justicia, mientras continúan las investigaciones.