El Gobierno dominicano pese a no cumplir «plenamente» con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, realiza importantes esfuerzos para lograr esta meta, así lo reconoce el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el Informe sobre la Trata de Personas 2025: República Dominicana.
El gobierno estadounidense resalta un aumento general en los esfuerzos de las autoridades dominicanas en comparación con el período del informe anterior; por lo que el país fue ascendida al nivel 2.
«Estos esfuerzos incluyeron la modificación de la Ley contra el Tráfico Ilícito y la Trata de Personas (Ley 137-03) para eliminar el requisito de demostrar fuerza, fraude y coerción en los delitos de trata que involucran a menores de edad, incluida la trata con fines de explotación sexual», expresa el gobierno estadounidense.
Asimismo, destaca el incremento de las investigaciones en República Dominicana y los procesamientos que incluyen funcionarios presuntamente cómplices en la comisión de este delito, además de que «identificó a más víctimas; e incrementó el número de inspecciones laborales en sectores con riesgo de trabajo forzoso».
En cuanto al trabajo forzoso, otra de las manifestaciones de este flagelo, el informe añade que las autoridades dominicanas han suspendido las actividades de varias empresas chinas en las que se detectó dicha infracción
«Adoptó un Plan de Acción Nacional (PAN) 2025-2028 y tomó medidas para implementar un programa piloto gubernamental para registrar a los trabajadores migrantes con contratos de trabajo, lo que les permitiría la libertad de movimiento y reduciría su vulnerabilidad al trabajo forzoso», expresa el informe.
Sin embargo, el documento también registra que el Gobierno dominicano no ha cumplido con los estándares mínimos en varias áreas clave de la trata de personas.
Señala que, pese a los avances, aún son insuficientes los esfuerzos de las autoridades dominicanas «para investigar los casos de trata laboral e identificar a las víctimas de esta práctica, incluso en sectores con riesgo de trabajo forzoso».
«El gobierno no proporcionó documentos de identidad a las personas apátridas que cumplían los requisitos en el país, lo que agravó su vulnerabilidad a la trata. No garantizó servicios adecuados para todas las víctimas y, debido a la detección inadecuada de las poblaciones vulnerables, limitó las oportunidades de identificar a posibles víctimas de trata antes de su expulsión del país», según el Departamento de Estado estadounidense.
