SANTO DOMINGO.- La entidad Sed de Justicia depositó una querella penal en la Procuraduría General de la República contra Maxi Montilla Sierra, cuñado del expresidente Danilo Medina, hermano de Cándida Montilla de Medina, y varios exfuncionarios de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), por alegada corrupción administrativa.
El movimiento cívico les acusa de haber cometido delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias y asociación de malhechores.
La querella fue entregada a la procuradora Miriam Germán Brito, un expediente que también involucra a los exfuncionarios Alejandro Toribio, gerente de Compras de Edenorte; Ranery Collado, encargada de Control de Calidad; Luis Mieses, presidente del Comité de Compras; Edwin Kenichi Mukai, director de Distribución; Joel Molina Reyes, director de Pérdidas, y el técnico de compras Benjamín Marte.
Sed de Justicia afirmó que el grupo se asoció de forma “mafiosa”, con el fin de “obtener ventajas económicas para sí y sus relacionados, mediante el uso de testaferros, compañías de carpeta, manipulación de licitaciones para dar ventajas a sus relacionados, con adjudicación de contratos fraudulentos”, lo que les dejó ganancias por al menos 6,000 millones de pesos.
Respecto a Montilla Sierra, la querella señala que “se valió de su condición de cuñado del entonces presidente Danilo Medina Sánchez y hermano de la primera dama para hacerse de 48 contratos de suministro de materiales eléctricos y proyectos de rehabilitación de redes, usando como pantalla varias empresas inexistentes al 16 de agosto de 2012”.
Asimismo, indica que entre 2012 y 2020 él fue “uno de los principales proveedores de todo tipo de bienes y servicios, en franca violación a la ley 340-06 que prohíbe en su Art. 14 que los familiares de primer grado de consanguinidad de los funcionarios públicos funjan como proveedores del Estado”.
Alega que esas actividades eran de pleno conocimiento del expresidente Medina y de su hermana Cándida, además indica que él ahora es propietario de “edificios comerciales, yates de lujo, villas en diferentes polos turísticos, una red de naves industriales, varios apartamentos residenciales de lujo, helicóptero, automóviles de lujo y otros bienes adquiridos fruto de sus actividades ilegales en varias entidades del Gobierno”.
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