Santo Domingo.- Con una solicitud de extinción de la acción penal, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional retomó este martes el conocimiento del juicio de fondo del caso contra los policías y militares acusados de sustraer más de RD$4,500 millones del Estado dominicano.
El pedimento fue introducido por los abogados de Epifanio Peña Lebrón, quienes alegan que el proceso supera los cuatro años en los tribunales sin que su defendido haya provocado dilaciones, lo que afirman violaría el principio de plazo razonable establecido en la normativa procesal.
La defensora pública Asia Jiménez Tejada sostuvo que la solicitud fue planteada de manera incidental durante la audiencia. Además, denunció supuestas irregularidades en el expediente, señalando que el Ministerio Público de la República Dominicana habría alterado pruebas relacionadas con su representado, acusación que forma parte de sus alegatos de defensa.
Jiménez explicó que Peña Lebrón trabajó como consultor jurídico del Cuerpo de Seguridad Presidencial, pero que el proceso judicial no se centra en ese rol, sino en la acusación de que habría fungido como presunto testaferro del exdirector del organismo, Adán Cáceres Silvestre.
Señalamientos del órgano acusador
De acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, la red acusada que también involucra al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Juan Carlos Torres Robiou habría desviado fondos públicos entre 2012 y 2020 mediante compras irregulares, manejo de combustibles y pagos reducidos a personal militar y policial.
Entre los imputados figuran oficiales militares, agentes policiales y civiles, incluyendo a la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez y otros señalados de integrar la presunta estructura.
El Ministerio Público ha solicitado penas que van desde cinco hasta 20 años de prisión, además de multas económicas, peticiones formuladas por el equipo encabezado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, quien dirige la Pepca.
El tribunal deberá decidir primero sobre la solicitud de extinción antes de continuar con el conocimiento integral del juicio.
