La creación del Cuerpo de Abogados para la Recuperación del Patrimonio Público nació bajo sospecha.
Se presentó como un mecanismo para reforzar la lucha contra la corrupción, pero en la práctica convirtió la justicia en un negocio: hasta un 30 % de recompensa por lo recuperado.
Hoy, las renuncias de Jorge Luis Polanco e Hilario Antonio López confirman lo que muchos advirtieron: este cuerpo no fue un instrumento de transparencia, sino un entramado de intereses.
Polanco, uno de los principales integrantes del organismo, aparece ahora como abogado defensor de ejecutivos del Jet Set, la discoteca cuyo techo colapsó el pasado 8 de abril, causando la muerte de más de 233 dominicanos y dejando 189 heridos. Hoy enfrenta al mismo Ministerio Público que antes debía respaldar.
Pasó de perseguidor a defensor, con acceso previo a información confidencial de la Procuraduría. No es solo cuestionable: es una traición a la ética profesional. Lo legal puede permitirlo, pero lo legítimo lo condena.
El caso de López es aún más escandaloso. Tras perseguir bienes del PLD bajo el esquema de recompensas pasa a encabezar la defensa de imputados en la Operación Cobra, uno de los procesos de corrupción, más graves, desmantelados por el PEPCA. O sea, de aliado del Ministerio Publico en la persecución de los criminales ahora pasa a defender a sus acusados, solo que ya no son de la oposición política si no vinculados al oficialismo y me refiero precisamente al entramado Senasa.
El mensaje es devastador: quien ayer posaba como paladín de la recuperación patrimonial, hoy, con olímpico desenfado, se convierte en abogado de fortunas cuestionadas y de sus dueños. La confianza ciudadana se erosiona, la institucionalidad se debilita y la lucha contra la corrupción queda gravemente afectada.
Los fuertes cuestionamientos del veterano periodista Julio Martínez Pozo a la creación y funcionamiento de este órgano hoy resultan plenamente validados, especialmente cuando llegó a calificarlo como “cazas fortunas”.
En este contexto, cobra vigencia la reflexión del jurista dominicano Mariano Germán Mejía, quien ha sostenido en múltiples intervenciones públicas que la ética es la columna vertebral del ejercicio jurídico y sin ella el derecho pierde su sentido social. Lo ocurrido con estos ex-integrantes del cuerpo de recuperación patrimonial confirma, dolorosamente, su advertencia.
Estas decisiones golpean de lleno los esfuerzos que encabeza desde el Palacio Nacional el presidente Abinader, quien confió en estos hombres la responsabilidad de integrarse a la estructura institucional destinada a combatir el enriquecimiento ilícito mediante la recuperación de bienes sustraídos al erario.
Las renuncias de Polanco y López constituyen un daño directo a la credibilidad del sistema. Confirman que no todo lo legal es necesariamente legítimo. La ética profesional exige lealtad al Estado y probidad frente a la sociedad. Cuando quienes manejaron información privilegiada se colocan en la acera contraria, no solo violan el código de ética, sino que traicionan la confianza pública. La justicia no puede convertirse en un mercado donde los mismos actores que ayer perseguían hoy defiendan.
Estas dimisiones no solo debilitan la lucha contra la corrupción, sino que también vulneran principios esenciales del derecho y del Código de Ética del Colegio de Abogados de la República Dominicana, como la probidad, la lealtad, la independencia y la buena fe. En ocasiones, pareciera que el presidente Abinader navega solo en el turbulento océano de la corrupción, empeñado en llevar el barco a puerto seguro.
La lucha contra la corrupción exige principios, no porcentajes; convicción moral, no recompensas.
El presidente debería aprovechar estos desaciertos —inmorales aunque legales— para replantear los acuerdos de contratación de los integrantes del Cuerpo de Recuperación del Patrimonio Público e introducir una cláusula que los obligue a mantenerse fuera de los tribunales al menos durante un año después de abandonar el cargo.
Sería un candado necesario para impedir que quienes hayan manejado información privilegiada, incluso provista por el Ministerio Público, mañana la utilicen de manera desleal en su contra.
