Antonio Maria Delgado
El Nuevo Herald
Durante décadas, la República Dominicana llevó encima una reputación que nunca quiso tener, pero de la que le costaba desprenderse.
Atrapado entre la cuenca productora de drogas de Sudamérica y los mercados consumidores de Estados Unidos y Europa, el país se encontraba de lleno en un corredor global de narcóticos. Durante años, la geografía marcó su destino —y el destino fue implacable. Aviones cargados de droga aterrizaban en pistas clandestinas. Lanchas rápidas cruzaban el Canal de la Mona como fantasmas. La cocaína viajaba oculta en contenedores que salían de los puertos dominicanos. Las redes de narcotráfico —protegidas por la interferencia política y la corrupción— operaban con una facilidad alarmante.
Fue así que República Dominicana se convirtió simultáneamente en nación de tránsito, centro de lavado y refugio seguro. “Un lugar donde los casos iban a morir”, dijo una vez un exagente policial estadounidense.
Y luego, casi de golpe, la situación cambió.
A partir de 2020, la República Dominicana lanzó una de las campañas de reforma antidrogas más ambiciosas del hemisferio. En cinco años, las autoridades triplicaron las incautaciones, desmantelaron redes antes intocables, modernizaron sistemas legales y de vigilancia, y reconstruyeron la confianza con sus contrapartes en Estados Unidos y Europa. Lo que por años fue una cooperación antes cautelosa —incluso suspicaz— se convirtió en una relación fluida y estratégica.
“Un giro de 180 grados”, dijo un exfuncionario del Departamento de Estado al Miami Herald. “Pasó de una relación de desconfianza a una de reconocimiento.”
Funcionarios dominicanos y estadounidenses entrevistados para este reportaje describen el cambio como una transformación: una nación históricamente definida por su vulnerabilidad que se reposiciona como referente regional en interdicción, rendición de cuentas y fortaleza institucional.
EL REINICIO
El cambio comenzó con una apuesta política del gobierno del presidente Luis Abinader, rompiendo con prácticas tradicionales y emprendiendo una purga de la corrupción que había permitido que el país se convirtiera en punto de tránsito para la cocaína que salía de Colombia y Venezuela.
Funcionarios dominicanos explicaron que la transformación se centró en designar a un contralmirante duro y orientado a resultados para dirigir la agencia antidrogas del país y en otorgar verdadera independencia al Ministerio Público, incluyendo el nombramiento de una procuradora general autónoma.
Esta no era una reforma diseñada para titulares, sino para resultados, dijeron las fuentes. La independencia permitió a los fiscales perseguir casos antes considerados intocables. La impunidad perdió su escudo. Figuras de alto nivel, durante años protegidas por el poder, finalmente podían enfrentar escrutinio sin advertencias susurradas ni consecuencias profesionales, afirmó un alto funcionario dominicano.
La veterana fiscal Jenny Berenice Reynoso se convirtió rápidamente en emblema de la nueva era. Casos dormidos resurgieron. Expedientes destinados al entierro silencioso terminaron en acusaciones formales. Desde 2020, al menos 28 altos funcionarios han sido destituidos —no siempre por crímenes probados, sino por fallar pruebas de credibilidad. La integridad se volvió el nuevo filtro.
“Un reinicio cultural”, lo describió un funcionario. “Donde la lealtad a la institución pesa más que la lealtad al poder.”
La supervisión, a su vez, ganó dientes. La Dirección General de Contrataciones Públicas —antes vista como ceremonial— comenzó a cancelar acuerdos financieros que no cumplían estándares de transparencia. Un sistema antes explotado por narcotraficantes como punto de entrada para dinero sucio ahora es descrito internamente como “un cortafuegos”, equipado con auditorías, verificaciones cruzadas y alertas automatizadas.
La reforma creó algo más que legalidad. Creó confianza. Y la confianza abrió puertas.
LOS NÚMEROS CUENTAN LA HISTORIA
Y los resultados comenzaron a aparecer. Entre 2004 y 2020, las autoridades dominicanas incautaron 77 toneladas de narcóticos. De 2020 a 2025, incautaron más de 227,824 kilogramos, incluidos 67,373 kilos confiscados mediante operaciones internacionales conjuntas. El salto no fue incremental, fue sísmico.
Funcionarios estadounidenses destacan que el incremento no refleja necesariamente más droga en circulación, sino una mayor capacidad de detectarla. La inteligencia se profundizó. La vigilancia marítima y aérea se expandió. La cobertura de radar ahora cubre lo que antes eran corredores aéreos sin ley.
La Dirección Nacional de Control de Drogas tuvo su propia transformación, profesionalizando su estructura y contratando a 758 nuevos agentes. Con más personal y mejor coordinación con las fuerzas del orden estadounidenses, rutas históricas comenzaron a colapsar. Los lanzamientos de lanchas rápidas enfrentaron más interceptaciones. Las pistas clandestinas quedaron en silencio. El tráfico aéreo, antes rutinario, está casi erradicado.
Los esfuerzos apuntaron a uno de los corredores más utilizados por carteles venezolanos y colombianos. El tráfico en el Caribe ha sido históricamente fluido, y la República Dominicana se había convertido en uno de sus ejes. Estimaciones estadounidenses sugieren que casi el 90% de las drogas que entran al Caribe central pasan de alguna forma por aguas dominicanas —en lanchas rápidas, buques portacontenedores o transferencias de carga en alta mar.
Estas rutas no son fijas y las redes son modulares, explicó un funcionario. Los traficantes colombianos y venezolanos rotan intermediarios en lugar de construir grandes estructuras cartelizadas. Actores locales manejan transporte, almacenamiento y sobornos.
Las operaciones permanecen discretas, evitando el derramamiento de sangre territorial visto en México o Colombia.
En ese entorno, las disputas entre narcos se resuelven en silencio, con actores que prefieren compensar pérdidas y priorizar la continuidad sobre la violencia. Esta dinámica, dicen expertos, es parte de la razón por la que la República Dominicana —pese al volumen de tráfico— ha evitado guerras entre los diferentes grupos.
NUEVA COOPERACIÓN
Para funcionarios estadounidenses, uno de los indicadores más claros del progreso dominicano es diplomático.
Durante años, la República Dominicana participó en foros antidrogas —pero rara vez los lideró. Hoy se ubica entre las tres naciones con más extradiciones hacia Estados Unidos, con más de 200 desde 2020. Las operaciones avanzan más rápido. Hay menos burocracia. La suspicacia se desvanece, dijo un funcionario dominicano.
Washington, históricamente cauteloso, ahora expresa admiración abiertamente. Una funcionaria del Departamento de Estado dijo que la cooperación bilateral es “la más fuerte que ha existido”. Estados Unidos ha provisto equipos, incluidos escáneres no intrusivos capaces de detectar cargamentos de alto valor ocultos en cascos de yates —carga que antes salía de los puertos dominicanos en silencio y con ganancias. La tecnología importa, dijo. Pero la voluntad política importa más.
Gran parte de esa voluntad ha sido impulsada por el contralmirante José Manuel Cabrera Ulloa, designado jefe de la DNCD en 2021 y ampliamente considerado un reformador disciplinado y transparente. Bajo su liderazgo, los datos de incautaciones se hicieron públicos. Las irregularidades eran reportadas, no enterradas, según un funcionario del Departamento de Estado.
“Creo sinceramente que gran parte del éxito de los últimos años se debe a él y a su liderazgo dentro de la institución”, dijo la funcionaria al Herald. Agregó que una de las primeras cosas que hizo al asumir en 2020 fue abrir de inmediato la puerta a la cooperación con la DEA y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.
NUEVOS DESAFÍOS
Si la cocaína y la heroína definieron la generación pasada, el fentanilo define la próxima. El opioide está devastando ciudades estadounidenses, impulsando cifras récord de muertes por sobredosis y reconfigurando las cadenas globales de suministro.
Hasta 2025, las autoridades dominicanas reportan cero casos confirmados de tráfico de fentanilo, pero esa ausencia es tanto un alivio como una advertencia. El Caribe sigue siendo un corredor natural, y ante la presión sobre las rutas mexicanas, Washington ha instado a Santo Domingo a prepararse no cuando aparezca el fentanilo, sino antes.
La respuesta dominicana fue la creación de la primera Unidad de Drogas Sintéticas del Caribe, el fortalecimiento del control de precursores químicos mediante monitoreo digital de recetas y la actualización de una ley para criminalizar el lavado mediante criptomonedas, operaciones en la dark web y nuevas sustancias psicoactivas. Las unidades de Cabrera entrenan regularmente con la DEA y equipos del INL. Aeronaves dominicanas patrullan corredores marítimos. Los precursores se rastrean desde la importación hasta la estantería de la farmacia.
Los esfuerzos antidrogas también reforzaron el control en la frontera con Haití mientras su situación política continuó deteriorándose. Funcionarios dominicanos dijeron que la marihuana todavía cruza por la frontera terrestre, aunque los flujos principales se han movido al mar y al aire. Puertos antes vistos como blancos fáciles ahora operan bajo comisiones de seguridad conjuntas, y los contenedores son escaneados, registrados y rastreados con rigor.
Aun así, las vulnerabilidades persisten y los funcionarios sospechan que ganancias del narcotráfico han ingresado al sector inmobiliario de lujo y a concesionarios de autos, ambos negocios altamente basados en efectivo. Esto llevó a que equipos de inteligencia financiera trabajen junto a agencias de Estados Unidos y Europa para detectar y cerrar canales de lavado.
Como reconocimiento a los avances en la lucha antidrogas, el Departamento de Estado tomó una medida sin precedentes: alentó este año a la República Dominicana a presentar un candidato para dirigir la agencia antidrogas de Naciones Unidas. Para un país que antes se miraba con cautela, el respaldo señalaba confianza no solo en las incautaciones, sino en la gobernanza.
Sin embargo, funcionarios en Santo Domingo admiten que el progreso sigue siendo frágil. El éxito, dicen, puede generar complacencia. Las reformas deben sobrevivir al gobierno que las inició. La independencia del Ministerio Público debe resistir los cambios políticos. La transparencia debe sobrevivir al desgaste. Y el fentanilo aún acecha fuera de escena.
“El trabajo nunca termina”, dijo uno de los funcionarios.
*Tomado del Nuevo Herald
