SANTO DOMINGO.- El expresidente Danilo Medina habría instruido a varios funcionarios de alto nivel del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluyendo a Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Simón Lizardo y Francisco Pagán, a buscar dinero para las campañas políticas internas de ese partido en el 2019 y la del 2020, “a sabiendas de que esa búsqueda era ilícita”.
De esta forma lo plantea el Ministerio Público en la orden de allanamientos que ejecutó en la Operación Calamar, donde resultaron apresados varios exministros del partido morado y otros funcionarios del gobierno de Danilo Medina.
De acuerdo con el documento, Medina, en ese entonces presidente de la República, convocó a una reunión en su despacho del Palacio Nacional, donde estaban los antes mencionados y otros funcionarios cercanos, titulares de Ministerios y Direcciones Generales.
“Posterior a esa reunión el hoy investigado José Ramón Peralta, le solicita al director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, que convoque a unos de los principales constructores del Estado dominicano, el ingeniero Bolívar Ventura, quien en ese momento tenía lo que entendía eran deudas del Estado dominicano, para que Pagán convoca a una reunión, en su oficina en la OISOE al ingeniero Bolívar Ventura, quien acude y luego se traslada hasta el Palacio Nacional junto a Pagán, lo que le facilitaba el acceso y le permitía a Bolívar Ventura evitar la burocracia propia del Sistema de Seguridad de la sede del Gobierno dominicano”, dice el documento.
Detalla el Ministerio Público que, en esa reunión, el investigado José Ramón Peralta le dice a Bolívar Ventura que debía hacer un aporte para la campaña y que a cambio se le harían unos pagos de deudas que tenía con el Estado y que para fines de coordinar los pagos debía ir donde el Ministro de Hacienda Donald Guerrero.
El relato del órgano acusado indica que en la reunión coordinada por Francisco Pagán con el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, este último le dice a Bolívar Ventura, que necesitan fondos para las elecciones internas del dos mil diecinueve (2019), que a cambio de la entrega de esos fondos, le pagarían una parte de la deuda que el Estado tenía con él; recursos que supuestamente irían para la campaña interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), específicamente en apoyo al entonces precandidato Gonzalo Castillo, lo que evidentemente constituye una estructurada operación de soborno.
En ese contexto el señor Bolívar Ventura indica que tenía muchas deudas y que lo que podía hacer era dar doscientos millones (RD$ 200,000.000.00).
Esta propuesta hace que siguieran discutiendo las cantidades, ya que el investigado Donald Guerrero, le reclamaba a Bolívar Ventura que podía dar más.
Supuesto desfalco de 527 millones de pesos
Finalmente, ante la insistencia del exministro Donald Guerrero terminaron en que Bolívar Ventura entregaría la suma de quinientos millones de pesos, que en la realidad subieron a la suma total de quinientos veintisiete millones seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos (RD$ 527,694,838.00).
Los investigados Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros a los que se refiere esta imputación preliminar, se coalicionan para distraer del Estado los referidos quinientos veintisiete millones seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos (RD$ 527,694,838.00).
¿Cómo lo lograron?
Para lograrlo, dice el Ministerio Público, los involucrados consiguieron que el investigado Víctor Encarnación, director técnico de la OISOE, realice volumetrías falsas de obras inclusos cerradas, que habían sido realizadas por las empresas de Bolívar Ventura.
Esas cubicaciones falsas, como tiene probado la presente investigación, constituyen una estafa contra el Estado dominicano.
Los investigados Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Víctor Encarnación Daniel y Omar de Jesús Caamaño, cometen estas acciones, distrayendo montos millonarios a través de cubicaciones adulteradas las cuales tenían como sustento un reconocimiento de deuda, el cual el constructor no había solicitado y realizadas sobre una volumetría inexistente.
Estas operaciones se realizan en el 2019, pero la mayoría de las documentaciones se antedatan con fecha del 2018, de acuerdo a las evidencias, esto para poder justificar el pago como deuda pública, ya que una deuda del 2019, no se podría pagar en el 2019 bajo se concepto.
