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Santo Domingo
viernes 24, abril, 2026

Convocarán una legislatura extraordinaria para aprobar el Código Penal

Santo Domingo.– El Poder Legislativo solicitó al presidente Luis Abinader la convocatoria a una legislatura extraordinaria hasta el 5 de agosto para culminar los trabajos de estudios del Código Penal y dotar al país «de una legislación moderna», informó este viernes el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien aseguró que el jefe de Estado ha aceptado la petición.

Pacheco dijo que la solicitud a Abinader surgió después de que la subcomisión de diputados que realiza los estudios al Código Penal determinara que el proceso de revisión debe profundizarse y que para ello es necesario la extensión de la legislatura, que concluye mañana sábado.

Tras una «amplia consulta» con el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y con la comisión coordinadora de la Cámara de Diputados, donde están representados todos los partidos políticos y el bufete directivo, «hemos solicitado al señor presidente de la República y él así lo ha aceptado», precisó Pacheco, de acuerdo con un comunicado de la cámara baja.

El proyecto de modificación del Código Penal, que lleva años en el Congreso Nacional, fue aprobado en dos lecturas en el Senado y una lectura en la Cámara de Diputados, por lo que está pendiente una más.

El presidente de la Cámara de Diputados informó que, de extenderse la legislatura, convocará a una sesión para el próximo martes a las 10:00 de la mañana.

«Nosotros tenemos el compromiso de dotar al país de un nuevo Código Penal y ese proceso está cerca y nosotros entendemos que en la semana que viene, con la dedicación que vamos a trabajar podemos, perfectamente terminar con esta importante pieza», aseguró.

El Código Penal dominicano data desde finales del siglo XIX y está fundamentado en el Código Napoleónico.

En esta modificación se endurecen las penas a varios delitos y se mantiene la penalización del aborto, pese al reclamo de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer que defienden la interrupción del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer esté en riesgo, cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto o cuando el feto es inviable fuera del útero.

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