El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) rechazó de manera categórica las acciones del alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, de quien dijo que actuó de manera arbitraria y violenta con varios menores haitianos que dormían en el parque Juan Luis Franco Bidó de esa localidad.
La institución dijo que el abordaje a esos niños extranjeros el pasado jueves se hizo de manera irregular y especificó que la Ley 136-03, protege los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, tanto la integridad personal como el traslado o retención ilegal de las personas menores de edad.
Además, informa que cuentan con presencia permanente en el Centro de Acogida de la Dirección General de Migración (DGM) de la citada localidad.
“Una vez recibidos los niños, niñas y adolescentes por parte de DGM al CONANI, se procedió a realizar las entrevistas definidas en el «Protocolo para la Identificación, Atención y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Movilidad Humana»”.
De acuerdo con el documento la institución asegura que tras la evaluación de cada caso, se determinó que seis de los menores de edad interceptados no tenían arraigo en territorio nacional y refirieron familiares en Haití, por lo que se dispuso su retorno asistido y entrega, en el Puente Binacional Dajabón-Ounaminthe, a las autoridades del Instituto de Bienestar Social y de Investigación (Ibesr), de Haití, con fines de reunificación familiar en territorio haitiano.
Cinco niños y adolescentes salieron sin consentimiento de las instalaciones de la DGM, conforme a lo reportado oficialmente, antes de que se le realizaran las evaluaciones correspondientes.
Destaco que desde el 2021, CONANI viene impulsando un programa de atención y protección a niños, niñas y adolescentes en contexto de condición migratoria irregular, en articulación con distintos actores del sistema, que ha fortalecido las capacidades de respuesta a nivel local, con personal especializado y recursos para un abordaje garante de derecho.
Ademas indicó que continuará dando seguimiento a esta situación en coordinación con las autoridades competentes y los actores del Sistema de Protección, para garantizar la aplicación efectiva de los protocolos que salvaguardan los derechos de la niñez y la adolescencia.
