Santo Domingo.- La Comunidad China en la República Dominicana expresó preocupación este lunes por el cierre de al menos 15 comercios tras operativos de inspección realizados por el Ministerio de Trabajo, lo que, aseguran, ha provocado pérdidas millonarias.
A través de sus voceros, los comerciantes denunciaron una supuesta campaña de descrédito contra sus negocios y solicitaron al Gobierno abrir una mesa de diálogo para buscar soluciones que eviten más cierres.
«Los chinos tenemos que cumplir, eso es lo primero, y segundo, que se acabe esa campaña malintencionada», afirmó Rosa NG, presidenta de la Fundación Flor para Todos, al referirse al ambiente que, según dicen, se ha creado en contra del sector.
Los operativos, que se han concentrado mayormente en comercios ubicados en la avenida Duarte, han generado inquietud en la comunidad. Aunque reconocen ciertas fallas administrativas, sostienen que muchas se podrían corregir sin necesidad de clausurar los negocios.
Desde la comunidad explican que las barreras del idioma y la falta de orientación técnica dificultan el cumplimiento inmediato de algunas exigencias, razón por la cual piden acompañamiento institucional antes que sanciones abruptas.
«Se deben reabrir, y ojalá que sea lo antes posible, porque hay condiciones que no ameritan el cierre de un local«, sostuvo Rosa NG, mientras que Yeudi Fai Cheung, presidente del Centro Colonia China, pidió que las inspecciones se hagan de forma «justa, con prudencia e igualdad de trato».
Los comerciantes insisten en que los cierres han generado graves pérdidas económicas y que existe una narrativa generalizada que asocia a los negocios chinos con incumplimientos, algo que consideran discriminatorio.
«Han ido creando que los chinos no cumplen, y eso es lo que creemos que es discriminatorio», subrayó Rosa NG, cuestionando por qué no se señala a otros sectores con las mismas prácticas.
La comunidad también respondió a los señalamientos sobre empleo informal, afirmando que están comprometidos con no contratar personal ilegal, sin importar su nacionalidad, y apelan a los principios de libre empresa, legalidad y equidad.
Finalmente, exhortaron al Ministerio de Trabajo a abrir canales de diálogo y establecer un plan de regularización progresiva, que permita subsanar irregularidades sin cerrar empresas que sostienen empleos y dinamizan la economía local.
