Santo Domingo. Facturación falsa a gran escala, creación de “programas especiales” destinados al pago de sobornos, uso de empresas de carpeta para sustentar pagos ficticios e inflación deliberada de servicios médicos son parte del esquema descrito por el Ministerio Público sobre el modus operandi de la red que, según la investigación, actuaba bajo las órdenes del entonces director del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim.
De acuerdo con la acusación, esta estructura habría ejecutado un presunto desfalco superior a RD$15,000 millones en perjuicio del seguro estatal, mediante un entramado sofisticado que combinaba corrupción administrativa, maniobras contables ilícitas y pagos irregulares canalizados a través de proveedores vinculados.
El expediente de 537 páginas, depositado por el Ministerio Público para solicitar medidas de coerción contra los diez imputados, detalla la supuesta conformación de una estructura de crimen organizado dentro de la ARS pública. Según la investigación, la red operaba desde el interior de la institución y era dirigida por Hazim, presuntamente con el fin de sustraer fondos públicos mediante mecanismos sistemáticos de corrupción y operaciones de lavado de activos.
El documento también establece que la estructura contaba con ramificaciones en el sector privado, especialmente en empresas relacionadas con servicios médicos y comerciales, utilizadas para justificar pagos irregulares y soportar las maniobras fraudulentas.
Programas especiales creados para sobornos
Según el Ministerio Público, el entramado creó “programas especiales” sin sustento técnico ni financiero, diseñados exclusivamente para canalizar sobornos millonarios. Estos pagos se tramitaban desde la Gerencia de Salud hacia la Gerencia Financiera para dar apariencia de legitimidad.
La acusación señala que esta maniobra afectó gravemente las Reservas Técnicas del SeNaSa, con un impacto que supera los RD$15,921 millones entre 2020 y 2024.
Manipulación del bordereau y alteración de informes
El Ministerio Público afirma que funcionarios y técnicos fueron reclutados para manipular informes financieros, autorizar cierres irregulares y facilitar pagos fraudulentos.
“El personal de Contabilidad, Tecnología y Análisis Financiero fue instruido para alterar el cierre del bordereau, afectando los registros y falseando la situación financiera real del SeNaSa”, sostiene el órgano acusador.
La investigación detalla una violación sistemática de los controles internos, basada principalmente en la adulteración del bordereau para crear un sub-registro paralelo que ocultaba obligaciones financieras reales y distorsionaba la contabilidad institucional. Este mecanismo habría permitido encubrir pagos irregulares y sostener la maniobra de desfalco atribuida al entramado.
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Obstrucción a la investigación
El expediente también recoge que los imputados ocultaron información, retrasaron procesos y realizaron diversas maniobras para entorpecer y dilatar el avance de la investigación del Ministerio Público.
Fiscalía solicita 18 meses de prisión y caso complejo
Por este caso, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra los implicados, así como que el proceso sea declarado complejo, debido a la magnitud del fraude y la cantidad de elementos pendientes de análisis para esclarecer completamente el esquema de corrupción.
La operación, denominada Operación Cobra, marca el inicio de un proceso de persecución judicial que busca sanciones penales y el decomiso de los fondos presuntamente sustraídos al patrimonio público a través del SeNaSa.
En la operación arrestaron a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y otras nueve personas imputadas de defraudar esa administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos mientras varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación conforme avancen las indagatorias del órgano acusador.
También fueron arrestados, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicio de Salud; Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, empresarios, Rafael Luis Martinez Hazim, Fundador del Centro de Telemedicina MyCare, Heidi Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella.
Principales características del esquema:
a) Estructura criminal interna y externa
– La red fue organizada dentro de la propia ARS-Senasa, dirigida por la alta gerencia, y extendida a empresarios y proveedores del sector salud para facilitar el desvío de recursos públicos.
b) Obstrucción de la transparencia
– Los implicados formaron un equipo interno encargado de bloquear auditorías, controles y cualquier iniciativa de mejora institucional que pudiera revelar las irregularidades.
c) Programas especiales creados para sobornos
– Se diseñaron “programas especiales” sin sustento técnico ni financiero, utilizados como canales para recibir sobornos millonarios. La Gerencia de Salud tramitaba estos pagos hacia la Gerencia Financiera para simular legitimidad.
d) Manipulación crónica de los estados financieros
– El personal de Contabilidad, Tecnología y Análisis Financiero fue instruido para alterar el cierre del bordereau, afectando los registros y falseando la situación financiera real del SeNaSa.
e) Desvío de fondos estratégicos
– Los responsables sustrajeron recursos destinados a las Reservas Técnicas, comprometiendo la solvencia institucional y el pago a los prestadores de servicios.
f) Control y subordinación del personal de Tecnología
La red cooptó a la gerencia de TI para garantizar la modificación fraudulenta de la base de datos y los registros contables.
g) Reclutamiento de funcionarios clave
– Técnicos y encargados de áreas críticas fueron captados para validar cierres irregulares, manipular informes y ejecutar órdenes ilícitas.
h) Violación sistemática de controles internos
– El mecanismo principal consistía en adulterar el bordereau, creando un sub-registro que ocultaba obligaciones financieras y distorsionaba la contabilidad institucional.
i) Impacto económico millonario
– Las maniobras fraudulentas afectaron las Reservas Técnicas con un monto superior a RD$15,921 millones hasta 2024.
j) Contratos fraudulentos a cambio de sobornos
– Autoridades imputadas utilizaron contratos millonarios en perjuicio del Estado a cambio de pagos ilícitos.
k) Empresas de carpeta y facturación ficticia
– Se crearon compañías fachada que emitieron cientos de facturas falsas para simular servicios no realizados y justificar pagos de sobornos.
l) Negociación ilegal de códigos de prestadores
– Se otorgaron y restituyeron códigos a prestadores de servicios de salud previamente sancionados, a cambio de beneficios ilícitos.
m) Facturación falsa masiva
– Se detectó sobrefacturación por tratamientos oncológicos, stents innecesarios, procedimientos inventados, estudios endoscópicos sin indicación y hasta servicios de diálisis facturados a personas fallecidas.
n) Conversión y retiro inmediato del dinero
– Tras recibir transferencias por servicios ficticios, los fondos eran retirados en efectivo para completar el circuito del soborno y ocultar el origen ilícito.
o) Ocultamiento externo y fraude contable
– Las maniobras de facturación y sub-registro evitaron que organismos de fiscalización detectaran el déficit real.
p) Coordinación jerárquica para ejecutar el fraude
– El esquema implicó a directores, gerentes y asesores, quienes facilitaron operaciones fraudulentas y lavado de activos.
q) Lavado de activos agravado
– Los acusados convirtieron, ocultaron, transportaron y adquirieron bienes con fondos ilícitos, utilizando empresas instrumentales para ocultar su origen.
r) Desobediencia a organismos reguladores
– A pesar de las advertencias internas sobre sanciones por manipular el bordereau, los implicados continuaron el esquema, priorizando el desfalco sobre los riesgos regulatorios.
s) Inflación fraudulenta de facturación médica
– Se reportaron tratamientos excesivos o inexistentes en pacientes oncológicos, cardiovasculares y de otras áreas, abultando costos y afectando los fondos del SeNaSa.
t) Adquisición de bienes a nombre de testaferros
– Los recursos desviados fueron utilizados para adquirir propiedades registradas a nombre de terceros, evitando la trazabilidad.
u) Manipulación de funcionarios menores
– Los líderes convencieron a empleados de bajo rango de ejecutar órdenes ilícitas con promesas de beneficios especiales.
v) Obstrucción a la investigación
– Los implicados ocultaron información, retrasaron procesos y realizaron maniobras para entorpecer el avance de la investigación.
