Santo Domingo.- Las burlas, amenazas o intentos de intimidación contra funcionarios públicos en República Dominicana ahora tienen consecuencias penales claras y más severas, con la promulgación del nuevo Código Penal, se incorporaron nuevas disposiciones que castigan desde amenazas directas hasta mensajes ofensivos, aunque se difundan en privado.
El artículo 309 establece sanciones de cinco a diez años de prisión mayor, además de multas de hasta diez veces el salario del funcionario afectado, si se demuestra que una persona intentó intimidar o influir en un servidor público para forzarlo a tomar una decisión o abstenerse de actuar conforme a sus funciones.
De forma complementaria, el artículo 310 define el ultraje a un funcionario como toda acción o mensaje, incluso no público, que atente contra su dignidad o contra la investidura que representa. Esto puede incluir escritos, imágenes, palabras o cualquier otro medio, y conlleva penas de quince días a un año de prisión menor, más una multa proporcional al salario del afectado.
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Además, el artículo 311 señala que el ultraje será perseguido a instancia privada, lo que implica que será necesaria una denuncia por parte del funcionario para iniciar el proceso penal correspondiente.
Estas medidas buscan reforzar el respeto institucional y brindar mayor protección a quienes desempeñan funciones públicas, frente a un entorno cada vez más marcado por la crítica ácida y los ataques personales, especialmente en redes sociales o a través de mensajería privada.
Aunque la penalización de delitos contra la autoridad no es nueva, el nuevo Código introduce mayor precisión y alcance, incluyendo expresamente situaciones que antes quedaban en una zona gris jurídica.
Con esto, República Dominicana se suma a otros países que han endurecido las consecuencias por ofensas a funcionarios, una decisión que puede generar debate entre quienes defienden la libertad de expresión y quienes advierten del desgaste de la autoridad pública.
