La Coalición por la Transparencia del Financiamiento Político pidió al Comité Nacional contra el Lavado de Activos, que incluya a partidos, candidatos y movimientos como sujetos obligados dentro del sistema antilavado.
Con esta petición sectores de la sociedad civil vuelven a poner el dedo en la llaga advirtiendo que el sistema dominicano aún tiene grietas peligrosas, debido a los crecientes cuestionamientos sobre la transparencia en el financiamiento de los partidos y por el riesgo de que el dinero ilícito financie las campañas electorales.
La solicitud pretende cerrar el paso al dinero sucio en la política, en un contexto donde según la Evaluación Nacional de Riesgo 2024, existen altas amenazas de narcotráfico y corrupción.
«Por lo que ejecutar esta petición de la sociedad civil sería una solida muestra de integridad y compromiso de nuestro Gobierno para evitar que el dinero del narcotráfico siga permeando en el sistema político dominicano«, destacó Ricardo Galara María, de la coalición.
«También está el tope de gasto en campaña. Es demasiado alto y costoso hacer campaña en la República Dominicana. Ese tope de gasto para ser presidente, más de mil millones de pesos puede gastar sin verdaderos controles ni fiscalización«, advirtió Leidy Blanco, Coordinadora de Participación Ciudadana.
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Advierten que el dinero ilícito puede infiltrarse en campañas, influir en decisiones públicas y luego retornar como contratos o beneficios desde el Estado, un círculo que aseguran termina legitimando capitales ilegales.
«La coalición solicita a la Junta Central Electoral que refuerce sus controles y fiscalización sobre el gasto de campañas políticas y sobre el cumplimiento que tendrán que ejercer los nuevos sujetos obligados propuestos por la coalición«, solicitó Galara María.
«¿Cómo es posible que una persona que sea precandidato, candidato, que va a tener una responsabilidad mayor, de transparencia, de fiscalización, no se le obligue a que rinda cuentas? Si queremos mejorar la calidad de la representación, vamos a trabajar en los mecanismos«, sentenció Blanco, de Participación Ciudadana.
Actualmente, la Ley 33-18 regula el financiamiento de partidos, pero deja fuera a candidatos y precandidatos… mientras que la Ley 155-17 establece controles antilavado, pero no incluye a los actores políticos.
