SANTO DOMINGO.- Para el sistema de justicia dominicano ha sido un año imparable con el seguimiento de los casos que han sido llevados ante los tribunales, en los cuales sus principales imputados son altos funcionarios de la gestión gubernamental pasada.
Casos como operación Calamar, Medusa, Anti Pulpo y Coral son los más sonados debido a la gran cantidad de imputados y a las sumas millonarias que, según los expedientes acusatorios del Ministerio Público, los imputados desfalcaron al Estado.
En estos casos, solo Anti Pulpo y Coral llegaron a juicio de fondo este año.
En Calamar se le acusa a los exministros José Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, junto a otros 17 imputados, de supuestamente estafar al Estado con más de 19,000 millones de pesos a través de pagos irregulares por terrenos declarados de utilidad pública y por alegadamente sobornar a empresarios de la construcción para que financiaran la campaña del 2020.
El expediente vincula también en la supuesta trama a Roberto Santiago Moquete Ortiz, al exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo; a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda, y el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa.
Recientemente el exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, fue dejado en libertad por la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, que dejó sin efecto el arresto domiciliario.
Lo mismo sucedió con José Ramón Peralta a quien la jueza Ana Lee Florimón, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, varió la medida de coerción a Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia, de prisión preventiva a presentación periódica, una fianza de 4.5 millones de pesos e impedimento de salida del país.
Caso Coral y Anti Pulpo a juicio de fondo
La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidió enviar a juicio de fondo a 28 policías, militares, familiares y amigos de estos, los cuales figuran como imputados en el Caso Coral.
Este es un supuesto entramado de corrupción militar, religioso y policial que operó durante ocho años del gobierno de Danilo Medina para sustraer fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia.
En este caso han sido imputados: el exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres Silvestre; la pastora Rossy Guzmán; el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general Torres Robiou, y el coronel Núñez de Aza.
El pasado 30 de noviembre el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional postergó nuevamente el inicio del juicio de fondo de los imputados en este proceso.
De acuerdo con el abogado del Estado, José Alberto Ortiz, constituido en actor civil para demandar por reparación de daños, la audiencia fue aplazada para el martes 16 de enero de 2024.
Otro de los casos que escandalizó sobre manera al país fue la operación Anti Pulpo, en el cual su principal imputado es Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina.
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción (Pepca) acusa a Alexis Medina Sánchez de estafar al Estado dominicano con 5,000 millones de pesos durante los dos periodos de Gobierno del presidente Danilo Medina.
Algunos imputados, como extitular de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán Rodríguez, y Juan Esteban Suriel, ya fueron condenados en procesos abreviados.
El Ministerio Público presentó el documento acusatorio contra los imputados en la Operación Anti pulpo, donde señala a 27 personas y 21 empresas involucradas en un entramado de corrupción.
El pasado tres de noviembre la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó el cese de la prisión domiciliaria a los exfuncionarios Carmen Magaly Medina Sánchez y a Fernando Rosa Rosa, ambos imputados del caso Anti Pulpo, que ya se encuentran en libertad
El pasado 18 de diciembre el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional levantó la prisión domiciliaria y grillete electrónico contra Alexis Medina.
La jueza Yissel Soto estableció que mantiene impedimento de salida y garantía de 60 millones de pesos a través de una compañía aseguradora.
Caso Medusa
Mientras que el caso Medusa, en el cual su principal imputado es el exprocurador de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, es otro de los que ha dado de qué hablar con un expediente de 12,274 páginas, cuya lectura fue concluida el primero de diciembre de este año luego de más de cinco meses de ser iniciada.
Al finalizar la lectura de la acusación ante el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción, el Ministerio Público concluyó solicitando auto de apertura a juicio para las 41 personas físicas y las 22 razones sociales imputadas en este proceso.
A Rodríguez y a las 41 personas involucradas en el entramado de corrupción se le acusa de apropiarse de más de RD$6,000 millones de recursos del Estado dominicano.
Actualmente a Jean Alain Rodríguez se le hizo una variación de la medida de coerción, otorgándole arresto domiciliario. Debido a su acusación ante la Justicia por corrupción, Estados Unidos le canceló la visa junto a su esposa e hijos.
Hace varias semanas el exprocurador se quejó de su grillete electrónico, el cual asegura que le da alergia y le produce hinchazón, por lo que actualmente mantiene una lucha para deshacerse del aparato que lleva en uno de sus pies.
Ministerio Público contra reloj
El Ministerio Público manifestó su temor de que el proceso penal a los acusados de sustraer los recursos del Estado, con más de dos años en los tribunales, concluya como otros de supuestos robos al erario y declarados extinguidos por vencer el tiempo máximo de cuatro años estipulado por la ley.
Casos declarados complejos
Según indicó el abogado Richard Martínez, para que un caso sea determinado complejo, es necesario que sea pronunciado por un juez y se basa en el artículo 369 del Código Procesal Penal, lo cual ocurre cuando en el caso implica a una gran cantidad de diputados o cuando existen dificultades para recopilar las pruebas.
Los casos Medusa, Calamar y Anti Pulpo fueron declarados casos complejos debido a la gran cantidad de imputados que implican, en consecuencia de esto los casos se extienden los plazos en la duración de la investigación y la presentación de la acusación.
Martínez especificó que los plazos para la presentación de la acusación pueden extenderse entre cuatro y seis meses, además enfatizó que si se vence el mismo puede pedirse nuevamente, pero que los jueces fijan los plazos conforme a la naturaleza del procedimiento y a la importancia de la actividad que se debe cumplir, teniendo en cuenta los derechos de las partes.
En los casos Calamar se le otorgó ocho meses y volvieron a pedir cuatro meses más, pero la decisión está en manos del Ministerio Público. Se recuerda que todavía en el caso Calamar no han presentado acusación, mientras que en el caso Medusa ya se presentó.
El juicio de fondo determina la culpabilidad o no
Richard Martínez manifestó que los casos que van a juicio de fondo son los que se han determinado la existencia de causas probables que merecen que un juez evalúe el proceso y se determine la culpabilidad o no del imputado.
En cambio, Robinsón Reyes especificó que al terminar la investigación, tres meses en casos simples y 18 en caso complejos, luego de ser presentada la acusación por el Ministerio Público, en esta parte se dice que es un juicio a las pruebas, es decir el juez valora si los elementos de pruebas son: suficientes, vinculantes y si están recogidos conforme a la ley, por lo que estos requisitos determinan lo que se llama auto de no ha lugar o auto de apertura a juicio.
Si es auto de apertura a juicio, el juez puede mantener la prisión o variarla y si se dicta apertura a juicio, el juicio deberá celebrarse y tener fecha entre 45 y 90 días, en los casos complejos esos plazos se duplican.
Cuando van a juicio de fondo es incluso conociéndose el proceso, dictándole absolución o condena, aún no termina, no es definitivo porque aún están abiertas las vías recursivas.
