Santo Domingo.– El Ministerio Público continuó este martes con la presentación de sus argumentos conclusivos en el juicio que se sigue contra varios ex altos mandos militares y civiles, en una jornada marcada por la exposición de un amplio cúmulo de pruebas que, según los fiscales, comprometen seriamente la responsabilidad penal de los imputados.
Alegatos finales y aplazamiento de audiencia
Durante la audiencia, el órgano persecutor avanzó en la conclusión de sus alegatos contra el general Julio Camilo de los Santos Viola y el acusado José Manuel Rosario Pirón, antes de que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispusiera el aplazamiento de la sesión para el jueves 5, a las 2:00 de la tarde. La decisión fue adoptada a solicitud de la defensa de Pedro Castillo Nolasco, quien informó que su representado sufrió un mareo durante el receso del mediodía en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo aclararon que la suspensión no altera el calendario establecido para la fase final del proceso, ya que las defensas iniciarán sus discursos de clausura el martes 10 de febrero. La magistrada Méndez enfatizó la importancia de que todas las partes estén preparadas con antelación ante cualquier eventualidad durante las jornadas finales.
Para la próxima audiencia, el Ministerio Público continuará la exposición de sus argumentos conclusivos contra los imputados Esmeralda Estrella Polanco y Alejandro Montero Cruz.
Pruebas, imputados y bienes involucrados
En representación del órgano acusador comparecieron la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a los fiscales Arolin Lemos, Miguel Collado, Jonathan Pérez y Enmanuel Ramírez.
Entre las evidencias documentales presentadas contra De los Santos Viola figuran copias de cheques, incluyendo uno por 50 millones de pesos emitido en 2016, supuestamente destinado a labores de inteligencia vinculadas a viajes presidenciales realizados en 2018. También se incorporaron transcripciones de conversaciones telefónicas entre las imputadas Jehohanan Rodríguez y Rossy Guzmán Sánchez.
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El Ministerio Público sostiene que De los Santos Viola fue beneficiario de 185 cheques, 158 de ellos consignados para actividades de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), así como otros 23 por concepto de reembolsos mensuales. Durante los allanamientos, además, fueron ocupados un carnet a nombre del imputado, un vehículo Toyota y un equipo de poligrafía propiedad del Cusep, presuntamente utilizado para fines personales.
El expediente acusa a los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, junto a otros oficiales y civiles, de integrar una estructura que habría operado entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos provenientes del Cusep, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Entre los procesados figuran también el coronel Rafael Núñez de Aza, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, Rossy Guzmán Sánchez (“La Pastora”), su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como José Manuel Rosario Pirón, Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.
El Ministerio Público ha presentado un total de 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 testimonios de testigos y peritos, 184 pruebas procesales y 104 evidencias materiales, incluyendo armas de fuego, relojes de lujo, equipos electrónicos, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.
Asimismo, fueron identificados 214 inmuebles en distintas provincias, 86 vehículos de alto cilindraje y más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, solicitados en decomiso. De acuerdo con el órgano acusador, los bienes incautados han generado ingresos por alquileres y actividades agrícolas superiores a RD$86 millones, reclamados a favor del Estado.
