El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional recesó la audiencia de conocimiento de solicitud de la medida de coerción en contra del exdirector del Instituto de Tránsito y Trasporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y demás implicados en el caso Camaleón.
La audiencia fue fijada para este miércoles a las 2:00 de la tarde.
La jueza Fátima Veloz tomó la decisión debido a lo avanzado de la hora, en esta audiencia que se prolongó por alrededor de diez horas.
Además de Gómez y Beras, están imputados Samuel Gregorio Baquero Sepulveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del centro de control de tráfico; Frank Díaz, y Carlos José Peguero Vargas, acusados de asociación de malhechores, desfalco, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios y falsedad de escrituras, entre otros cargos.
Para este miércoles continuarán los imputados Carlos Peguero Vargas y José Ángel Gómez Canaán presentando sus medios de defensa. El Ministerio Público tendrá opción a réplicas para luego dejar en manos de la jueza la decisión de la medida de coerción.
Durante la audiencia del día de ayer la cual se extendió pasado la medianoche la defensa de Hugo Beras, sugirió e hizo insinuaciones este martes de que Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones Públicas, también debería ser imputado en el caso de corrupción Camaleón.
Según el abogado Luis Rivas, Pimentel suspendió el contrato meses después de recibir la notificación sobre las presuntas irregularidades.
Rivas explicó que establecieron el contrato para gestionar el Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo antes de que Beras asumiera el cargo en el Intrant.
Además, señaló que, en junio de 2023, un empresario estadounidense, mediante un acto de alguacil. Informó a Pimentel sobre un supuesto uso indebido de la identidad de su empresa en la ejecución del contrato.
Ministerio Público pide prisión preventiva para todos
El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva para todos los involucrados y la declaratoria del caso complejo. En este caso está representado por la magistrada Mirna Ortiz, directora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).
“El Ministerio Público ha individualizado la participación de cada uno de ellos con los elementos de prueba que demuestran todas y cada una de las imputaciones que se les está realizando”, dijo Mirna Ortiz, directora de Litigación del Ministerio Público.
Sostuvo que “es importante señalar que, aunque para esta audiencia lo que la ley exige es una pequeña sintil aprobatoria, el Ministerio Público ha depositado más de 200 elementos de prueba para demostrar la responsabilidad penal de cada uno de estos imputados y su comportamiento dentro de esta red criminal”.
Aseguró que “con los elementos aportado al tribunal no tendrá otra salida que acoger el pedimento que ha realizado el Ministerio Público, que es la imposición de prisión preventiva”.
La operación Camaleón surge de una investigación de supuestas irregularidades en contrato entre el Intrant y la empresa Transcore Latan SRL.
La audiencia de este martes comenzó luego del aplazamiento del pasado sábado. La decisión fue adoptada por el tribunal a solicitud de las defensas de los imputados, bajo el argumento de conocer en detalles las acusaciones formuladas por el Ministerio Público contra sus clientes.
Las defensas de los imputados piden libertad pura y simple a favor de sus clientes.
