Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada Para la Corrupción Administrativa (Pepca), califica como un huracán categoría 5, el expediente acusatorio contra los imputados en el caso de corrupción Antipulpo.
Camacho indicó, que una vez más el Ministerio Público ha demostrado que tiene un expediente blindado, con lo que lograrán aplicación de condenas
“Solo en documentación de las evidencias el Ministerio Público entregó al tribunal un dispositivo con 194 gigabytes de información”, detalló Camacho.
El juicio preliminar del caso Antipulpo se aplaza por espacio de 25 días, según dispuso este lunes el juez de la causa atendiendo a la solicitud de las defensas de los imputados con el objetivo de disponer de tiempo suficiente para analizar el expediente acusatorio, que tiene cerca de 4,000 páginas.
El magistrado Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, anunció su decisión tras un prolongado receso en el que analizó la solicitud de las defensas, que no encontró oposición alguna por parte del Ministerio Público.
El juez estableció que la audiencia preliminar comience el próximo 4 de abril y que se desarrolle cada lunes a partir de esa fecha hasta que termine el proceso, mientras que dispuso que la sesión de conocimiento de revisión obligatoria de las medidas de coerción contra los imputados se celebre el próximo 21 de febrero.
El expediente se facilitará mediante memorias USB a cada una de las defensas y, en el caso de los acusados que cumplen prisión preventiva, se les habilitará un espacio en los respectivos centros de reclusión para que puedan acceder al contenido en una computadora durante el tiempo suficiente.
Es el caso de Juan Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, señalado en el expediente como gerente operativo del entramado delictivo, y cuyo abogado había solicitado que se le facilitara un ordenador para leer las acusaciones y las pruebas en su contra, mientras que otros acusados pidieron el material impreso.
En el caso Antipulpo también está imputada otra hermana del expresidente Medina, Carmen Magalys Medina, así como varios exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros que aprovecharon sus vínculos con el poder político para sustraer 4,796 millones de pesos de los fondos públicos.
En el expediente figuran como coimputados el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; el exministro de Salud Freddy Hidalgo y el exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa, entre otros.
El grupo habría obtenido contratos millonarios con diversas instituciones del Estado durante la gestión de Danilo Medina (2012-2020), y con los beneficios se habrían financiado ilegalmente campañas electorales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluyendo las del exmandatario y de Gonzalo Castillo.
