La Paz, Bolivia (AFP).- El presidente izquierdista de Bolivia, Luis Arce, promulgó un impuesto a las fortunas superiores a los 30 millones de bolivianos, unos 4,3 millones de dólares, y que alcanzará a 152 personas.
El mandatario, en el poder desde noviembre, dijo que “para la redistribución de la riqueza en #Bolivia promulgamos la Ley 1357 de Impuesto a las Grandes Fortunas, que se aplicará a quienes poseen un patrimonio superior a 30 millones de bolivianos”.
El impuesto será anual y permanente para todas las personas que vivan en Bolivia, incluso los extranjeros, y con bienes, depósitos y valores que tengan en el territorio nacional y en el exterior. Para ello, deberán hacer una declaración jurada.
La medida se aplica a personas naturales residentes en Bolivia, que tengan una permanencia en el país por más de 183 días durante los últimos 12 meses.
Arce agregó que “el impuesto alcanzará a apenas 152 personas. El beneficio llegará a miles de familias bolivianas”. El mandatario firmó la norma, aprobada en los últimos días por el Congreso bicameral, controlado por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) por amplia mayoría.
La ley establece porcentajes graduales para el pago de la alícuota: 1,4% para personas con riquezas de 30 millones a 40 millones de bolivianos (de 4,3 a 5,7 millones de dólares); 1,9% de 40 millones a 50 millones (de 5,7 millones a 7,2 millones de dólares) y 2,4% para fortunas mayores.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que las tasas efectivas se enmarcan en los parámetros promedio de otras economías de la región que aplican un impuesto similar y se guarda la plena confidencialidad de quienes son alcanzados con este impuesto.
Anteriormente, la autoridad del área económica estimó que por con la nueva norma se recaudaría unos 100 millones de bolivianos, unos 14,3 millones de dólares.
Los partidos de la oposición y los empresarios habían manifestado sus observaciones a la norma, porque consideraron que es un desincentivo a las inversiones.
Los opositores propusieron incluso que lo recaudado por el impuesto sea destinado exclusivamente para la lucha contra el coronavirus que de marzo a la fecha causó más de 154,800 contagiados y más de 9.090 muertos y que se encuentra en fase de alza.
Keiko, quien estuvo en prisión preventiva 16 meses por este caso, niega haber recibido dinero ilegal para sus campañas de 2011 y 2016. El caso Odebrecht también salpica a cuatro exmandatarios peruanos.
En una reciente entrevista con la AFP, Keiko afirmó que “este pedido de suspensión, si es que es otorgado, en realidad lo que concede es una pena de muerte al partido”.
El padre de Keiko, ahora de 82 años, cumple una condena de 25 años por corrupción y crímenes contra la humanidad en su gobierno.
El fujimorismo ha sido una fuerza gravitante desde 1990 pero ha perdido influencia y no tuvo protagonismo en la crisis que condujo a Perú a tener tres presidentes en pocos días: Martín Vizcarra (en el poder entre marzo de 2018 y el 9 de noviembre pasado), Manuel Merino (que gobernó cinco días) y Francisco Sagasti, el actual mandatario. sg.
