SANTO DOMINGO.- Según el Ministerio Público, los encartados en el sonadísimo caso ‘Gavilán’ formaban una enorme «empresa criminal», donde cada uno tenía su función particular y tocaba su propio instrumento del delito. Los roles estaban bien definidos.
En su solicitud de medida de coerción, el órgano acusador establece que los encartados borraron más de 8 mil fichas o registros penales, beneficiando con ello a condenados parciales o definitivos, personas procesadas o en conflicto con la ley, así como a empresas.
Inclusive, utilizaron testaferros y prestanombres para mover el jugoso dinero generado por sus acciones venales, para «así evadir la persecución». No fue todo: también le borraron fichas a ciertos expolicías, a quienes reclutaron en la mafia. Esos axagentes pasaban a engrosar la red criminal, y a beneficiarse de las tajadas.
De acuerdo al MP, fue a partir de 2018 cuando los involucrados perfeccionaron sus maniobras, usando tretas que llamaban «la Vuelta». En todo momento, permanentemente, estaban al servicio de antisociales que violaban una y otra vez la vez, y que ellos limpiaban también una y otra vez.
Los prevenidos lavaron todo ese dinero espurio, adquiriendo bienes y servicios por montón. Realizaron transferencias millonarias, adulterando el concepto de esos movimientos financieros, para tratar de disfrazar esas millonadas. El dinero se entregaba mediante transferencias electrónicas y también personalmente.
Los encargados son Mártires Rosario Reyes, soporte técnico de la Procuraduría General de la República; Alfredo Mirambeaux Villalona, encargado de la División de Administración de Base de Datos en la Dirección de Tecnología de la Información de la PGR; Rubén Darío Morbán Santana, empleado técnico de la Procuraduría, su esposa Laudelina Reyes y su hija Ashley Morbán Reyes.
Igualmente, Irenes Medina Trinidad, empleada de la Procuraduría en Jimaní; Domingo Julio Santana Sánchez, empleado de la Procuraduría; Yokaira Elizabeth Carmona, que trabajaba en la cárcel de La Victoria; Luis Alfredo Astacio Polanco, Antony Ferrer Monegro, miembro de la PN; Romanski Dotel Medina, Dilcia Núñez Santos, y la empresa Nexcom Technology.
Así lo hacían
Mártires Rosario Reyes, soporte técnico de la Procuraduría General de la República, era el cerebro maestro de estas operaciones venales. A él llegaban las maniobras dolosas y fraudulentas de varias fiscalías en todo el país. Como tal, Rosario Reyes recibía entre RD$8,000 y RD$15,000 por cada ficha, llegando algunos meses a acumular hasta 200 mil pesos por su labor delictiva. De todas partes del país le llegaban múltiples transferencias, e inclusive titulares de fiscalías se prestaban para semejantes fechorías.
De hecho, fue el coordinador de la Fiscalía de Monte Plata, Carlos Santa Abad, quien delató a Rosario Reyes y reveló el modus operandi de la orquesta criminal. Se lo dijo todo a la Procuraduría General, y esto permitió descubrir a los malhechores y sus sucias patrañas.
Además, el Ministerio Público intervino el número telefónico del encartado Rubén Darío Morbán Santana, y así pudo desenrollar los hilos del entramado.
Al borrar las fichas, los beneficiados podían obtener el certificado de buena conducta para hacer diligencias en instituciones públicas o privadas.
En solo dos meses y medio (del 30 de marzo al 12 de junio del 2023), el imputado Alfredo Mirambeaux Villalona borró 93 fichas, alterando algunos dígitos del número de cédula de la persona correspondiente; por ejemplo, le ponía o quitaba un número a ese documento. Alteró nombres de propietarios y de placas de vehículos.
Hay 8,406 alteraciones de cédulas, teniendo estas 12 dígitos en vez de 11. Hizo 84 operaciones así. También le suprimía el último número, y los dígitos quedaban solo en diez. En doce ocasiones, llegó a poner once ceros. A Joel Ambioris Pimentel García, ‘la J’, se le eliminaron dos fichas.
