La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para mañana miércoles el conocimiento de la medida de coerción contra los implicados en el robo a la joyería Popi Oro, ubicada en el sector Cristo Rey.
La magistrada adoptó la decisión por economía procesal tras el arresto de nuevo imputado, identificado como Wilkin Jonathan de los Santos, conocido como “El Cojo” o “El Mocho”.
En el caso están siendo procesados, Juan Alexander Gálvez Marte (alias Alex Bronx) y Hensy Yoel Reynoso Abreu, acusados de ser los autores materiales e intelectuales de robo calificado como de película.
De acuerdo con las investigaciones, Gálvez Marte, condenado en otros dos procesos judiciales a 30 años de prisión por homicidio agravado, cumple condena en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria, desde donde habría coordinado la operación criminal y financiado la compra del vehículo utilizado en el robo. Este imputado en este nuevo proceso es señalado como el autor intelectual del asalto.
En tanto, Reynoso Abreu habría participado en la venta de una de las prendas sustraídas y en la compra del vehículo utilizado para cometer el asalto, en coordinación con otros imputados.
Según establece la investigación, el hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026, alrededor de las 7:20 de la noche, cuando los imputados, junto a varios cómplices actualmente prófugos, conformaron una estructura criminal organizada para cometer robo agravado mediante el uso de armas de fuego, en perjuicio del comerciante Abrahan Corporán Merbournes, propietario de la joyería, ubicada en el sector Cristo Rey.
Durante el asalto, varios individuos armados rompieron la puerta de cristal del establecimiento y realizaron múltiples disparos mientras penetraban al interior del negocio.
Entre los objetos robados se encuentran aproximadamente 1,340 gramos de oro de 14 quilates tipo Ice Chain, cadenas de distintos diseños con un peso total superior a los 5,000 gramos, así como RD$300,000 pesos en efectivo.
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Tras cometer el asalto, los implicados emprendieron la huida en un vehículo Mitsubishi Endeavor, el cual posteriormente impactaron contra un árbol en las proximidades de la calle Paseo de los Reyes Católicos, próximo al destacamento policial El Caliche, donde lo abandonaron.
Durante el levantamiento realizado por miembros de la Policía Científica fueron recolectadas múltiples evidencias, entre ellas casquillos de distintos calibres, cadenas de color amarillo, un cargador para pistola Glock calibre. Así como 40 con cápsulas, exhibidores de joyería, máscaras, pasamontañas, una mandarria y otros objetos utilizados para cometer el robo.
El hecho quedó captado por cámaras de seguridad instaladas dentro del establecimiento y en las inmediaciones, que fueron aportadas como pruebas en la solicitud de medida cautelar.
Asimismo, se determinó que Gálvez Marte coordinaba la ejecución del robo desde el Centro de Privación de Libertad de La Victoria mediante dispositivos telefónicos, los cuales fueron posteriormente ocupados durante un allanamiento en dicho recinto penitenciario.
Hensy Yoel Reynoso Abreu fue arrestado en la tarde del miércoles 11 de marzo de 2026, mientras se retiraba del Edificio Investigativo de la Fiscalía del Distrito Nacional tras ser interrogado nuevamente.
La defensa del imputado, que había depositado un recurso de Habeas Corpus con el que buscaba su libertad, desistió del mismo durante su conocimiento en la Novena Sala Penal del Distrito Nacional.
En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público pidió al tribunal que, Hensy Yoel Reynoso Abreu sea enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres, de San Cristóbal, por razones de seguridad, debido a que parte de la estructura criminal investigada opera desde el centro penitenciario de La Victoria.
En cuanto al imputado Juan Alexander Gálvez Marte, el órgano persecutor solicitó que sea trasladado al nuevo centro penitenciario Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, que cuenta con un mayor nivel de seguridad, con el propósito de evitar la comisión de nuevos delitos.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 379 y 381 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre armas, municiones y materiales relacionados.
