La jueza Yaritza Cabral, de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago, aplazo para el jueves 9 del mes la audiencia de medida de coerción contra los 11 agentes de la Policía Nacional imputados por la muerte de cinco civiles en un hecho ocurrido en una plaza comercial de La Barranquita.
La magistrada acogió la solicitud presentada por los abogados de la defensa, quienes alegaron no contar con el tiempo suficiente para preparar su estrategia, debido a que según denunciaron el dispositivo acusatorio les fue entregado en la misma sala de audiencias.
También fua acogida la petición de que los familiares de las víctimas puedan estar presentes en la vista.
“La audiencia de hoy se aplazó a solicitud de las defensas que solicitaron al tribunal un plazo para analizar la gran cantidad de pruebas aportadas por el Ministerio Público y socializar esas pruebas con sus representantes. El Ministerio Público, que a nosotros nos gusta ganar, pero nos gusta ganar en buen alivio, no tuvimos ninguna oposición a que la audiencia se aplace a esos fines la conoceremos el próximo jueves a las nueves de la mañana”, dijo Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público
El magistrado aseguró que la actuación de los agentes de la Policía fue una ejecución.
“Las pruebas que ha recabado el Ministerio Público hasta el momento indican que la muerte de estas cinco personas en la Barranquilla se trató de una ejecución extrajudicial”, aseguró Camacho.
El procurador adjunto explicó que las pruebas recopiladas muestran que los imputados sustrajeron videos de la escena y recurrieron a diversas maniobras con el propósito de obstruir la investigación y ocultar la verdad sobre lo ocurrido.
“Los imputados sustrajeron los videos de la escena, sustrajeron teléfonos y han generado otras maniobras con el fin de obstruir la investigación y de ocultar la verdad. Nosotros desde el Ministerio Público tenemos la firme decisión de que vamos a llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias”, afirmó Camacho
Finalmente dijo: “No vamos a permitir que hechos de esta naturaleza queden impunes y vamos a procurar justicia tanto para las víctimas como para sus familiares”
Los acusados
En el caso son imputados los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas, los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo, y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
Los policías están siendo procesados por la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (la Tabla), de 28 años; Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly y/o Charli Chasc), de 40 años; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 años, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.
Prisión preventiva
El Ministerio Público solicita al tribunal prisión preventiva contra los imputados.
El suceso se registró en una plaza comercial de la avenida Olímpica, donde funcionaba la peluquería de José Vladimir Valerio Estévez.
Según parientes del peluquero, este habría sido ejecutado por los agentes junto a su cliente, Julio Alberto Gómez.
Familiares de las víctimas demandan que los responsables de lo que califican como una «ejecución masiva» sean sancionados con todo el peso de la ley.
Defensa asegura falta de pruebas del Ministerio Público
De acuerdo con la defensa, uno de los puntos más controversiales es la imputación por asociación de malhechores, ya que según explicaron sería ilógico considerar que agentes en el ejercicio de sus funciones constituyen una asociación criminal.
Asimismo, señalaron que el Ministerio Público no ha podido individualizar ni formular cargos precisos contra los acusados, lo que debilita el expediente.
