Santo Domingo.- El comunicador Ángel Martínez denunció hoy que sus efectos personales aún no han sido devueltos, luego de acudir a la sede del comando regional del Policía Nacional en el Cibao Central, donde le informaron que sus pertenencias no se hallan en ningún departamento.
Martínez afirma que lleva cinco meses y 12 viajes en busca de su supuesta credencial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dos teléfonos y otros objetos incautados durante un operativo en el Hotel Embajador, practicado, según dijo, sin orden de arresto ni fundamento legal claro.
En su relato, Martínez señala que “30 policías y Emanuel Ramírez, asistente de Wilson Camacho”, lo sacaron amarrado del hotel, le registraron la habitación sin orden judicial y le incautaron teléfono y licencia de conducir. Añadió que las autoridades le dijeron primero que los efectos estaban en la oficina de la fiscal Lía Collado, luego que estaban en el Palacio Nacional, y ahora que simplemente “no están aquí”.
Martínez calificó la situación de “inadmisible” y acusó a la Policía de apropiación ilícita de sus objetos: “Tengo 12 viajes y no aparecen… ahora me dicen que no están en la oficina de Lía Collado, que están en el Palacio Nacional… y es mejor que me los entreguen”. También denunció que no le entregaron “un documento que diga qué me llevaron” y aseguró que “lo tienen como un criminal” pese a que “no me he robado un peso en este país”.
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El caso ocurre en paralelo a las querellas y procesos judiciales en los que Martínez está involucrado. En mayo de 2025 fue citado por la Fiscalía de Santiago por una querella del empresario Arnulfo Gutiérrez Almonte, quien lo acusó de “presunta extorsión, chantaje, difamación e injuria pública” al difundir un video con afirmaciones que consideró injuriosas.
El 11 de junio de 2025 el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Martínez por los delitos de extorsión, difamación e injuria, al considerar que él lideraba una estructura de delitos tecnológicos y chantajes mediáticos.
En julio de 2025, un juez ordenó su detención por falta de respeto al tribunal, mientras se le impuso multa y medidas cautelares.
Aunque el comunicador insiste en que se trata de una persecución injusta, las autoridades aún no han ofrecido una versión completa sobre el paradero de sus efectos ni han aclarado la cadena de custodia de los objetos reclamados. Esta combinación de denuncia personal y proceso judicial complejo pone en evidencia tensiones entre libertad de prensa, responsabilidad mediática y cumplimiento del debido proceso.
