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lunes 20, abril, 2026

Advierten que es necesario ajustar el enfoque del feminicidio y el ultraje en el nuevo Código Penal

El abogado penalista y periodista Ricardo Rojas León advirtió este miércoles que el nuevo Código Penal requiere revisión en varios de sus artículos, especialmente el artículo 93, relacionado con el feminicidio, y el artículo 310, que aborda el ultraje a funcionarios públicos.

Al referirse a los feminicidios el jurista indicó: El feminicidio, la forma en que está configurado, definitivamente hay que trabajarlo. Aquí el feminicidio es una cosa simple, o sea, tú no tienes que crearle una serie de condiciones para que esa conducta típica que consiste en la muerte de una mujer con la que tú has tenido un vínculo emocional se considere feminicidio, ¿no? Pero bueno, esa parte yo creo que hay que trabajarla”.

Rojas León quien fue entrevistado en el programa El Despertador explicó que el artículo 310 busca fusionar los artículos 222 y 223 del Código Penal vigente, que castigan distintos tipos de ultrajes a funcionarios, incluyendo jueces, presidentes, miembros del ministerio público y funcionarios administrativos.

Puede leer: Abogados penalistas ayudarán a mejorar el nuevo Código Penal, renuevan su directiva

El 310, que ha generado debate y cuestionamientos en la prensa, no es otra cosa que un intento de unificar el 223 y el 222 del código vigente. Actualmente, estos artículos castigan el ultraje a diversos funcionarios, abarcando desde insultos hasta golpes y heridas. Lamentablemente, al redactar el nuevo código, esa sección se simplificó demasiado, lo que ha dado lugar a una redacción escabrosa”, explicó Rojas León.

En este sentido, el director de Noticias RNN señaló la importancia de proteger la libertad de expresión frente a la crítica a los funcionarios públicos:

“Yo creo que deberíamos incluir un párrafo donde quede claro que no se considera ultraje la crítica a la labor del funcionario, porque desde Sullivan contra Nueva York, en los inicios de la década de los setenta, a nivel universal se reconoce que los funcionarios tienen un nivel de tutela mucho menor en términos de imagen, intimidad y derecho al buen nombre que el resto de los ciudadanos, ya que están más expuestos”, afirmó.

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