Santo Domingo.– Además de pedir condenas de entre 5 y 20 años de prisión, el Ministerio Público también solicitó multas millonarias y la clausura, suspensión de operaciones y disolución de varias entidades jurídicas, en el marco del proceso judicial por corrupción administrativa de los casos Coral y Coral 5G, que involucran el desfalco de más de RD$4,500 millones al Estado dominicano.
Ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el Ministerio Público solicitó la clausura, suspensión de operaciones y disolución de la Iglesia Bautista Vida Eterna, junto con la imposición de una multa de 200 salarios mínimos.
El mismo pedimento fue realizado para las empresas Hacienda Kelman SRL, R&F Agroindustrial, Aldom Glass Aluminium SRL, Randa Internacional Company y CSNA Universo Empresarial SRL.
Además, pidió la disolución de la empresa Rawel Importadores SRL y la imposición de una multa de RD$10 millones.
El órgano acusador pidió 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos para los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola, así como para el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
Asimismo, solicitó 15 años de prisión y multas de 300 salarios mínimos contra Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
Para otros imputados, el Ministerio Público requirió 10 años de prisión y multas de 200 salarios mínimos, y 5 años de cárcel para tres procesados, con sanciones económicas adicionales.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, aseguró que el Ministerio Público demostró cada una de las imputaciones con un amplio cuerpo probatorio.
“Con cada elemento probatorio, con cada testimonio y con cada pericia, hemos demostrado todos los puntos de nuestra acusación”, afirmó a su salida de la audiencia.
Ortiz precisó que las condenas solicitadas se encuentran dentro de las escalas legales y responden al grado de participación de cada imputado en la red que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos del Cusep, Cestur y Conani.
Durante el proceso, el Ministerio Público presentó 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, además de pruebas materiales que incluyen armas de fuego, relojes de lujo, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.
También solicitó el decomiso de 214 inmuebles, 86 vehículos de alto cilindraje, más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, así como RD$86 millones generados por alquileres y actividades productivas de los bienes incautados.
El tribunal fijó la continuación de la audiencia para el martes 10 del mes en curso.
