La acusación de homicidio involuntario presentada por el Ministerio Público contra el empresario Antonio Espaillat y su hermana ha desatado opiniones encontradas dentro del ámbito jurídico.
Uno de los juristas que expresaron su descontento fue Luis Aybar, representante legal de Gregory Adames, exempleado del centro nocturno Jet Set, quien lamentó que, pese a las pruebas aportadas, el MP no estructurara el expediente con una calificación jurídica más severa.
A juicio del jurista, la tipificación presentada por el órgano persecutor resulta “muy débil” frente a la magnitud de los hechos documentados
“Muy débil, muy benévola, sabiendo yo que tienen otra cosa. o lo que lamento es que entiendo que el Ministerio Público, yo mismo le aporté elementos que por el mismo relato que ellos hacen, uno esperaba otra calificación jurídica que fuera en términos más severos en función de las evidencias que se le presentaron y que ellos levantaron.”
En este sentido Carlos Salcedo quien también es abogado de varias de las victimas sostuvoque el expediente cuenta con pruebas suficientes para imponer prisión preventiva, no solo por el tipo penal, sino también por la presunta intimidación a testigos
“Entendemos que también procede a la prisión preventiva por el hecho de que ha tratado de manipular testigos, como lo refleja incluso la solicitud de medida de coerción, pero al mismo tiempo su comportamiento en todo el sentido amplio de la palabra no ha sido otro que tratar de desnaturalizar la suerte del proceso en esta fase”, dijo Salseado
En tanto que el jurista, Plutarco Jáquez, dijo “Homicidio voluntario es cuando usted mata a una persona, cuando usted actúa, eso es lo que establece el 295, entonces hasta este momento aquí no se ha establecido eso hasta que aquí, ahora, si surgen otros elementos de prueba que se comprueben y que se verifiquen que se cometió un homicidio, pero en este momento lo que aplica es un homicidio involuntario”.
Se recuerda que Ministerio Público imputa a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat cargos de negligencia grave en el mantenimiento estructural del Jet Set Club, cuyo colapso provocó la muerte de más de 230 personas y un centenar de heridos.
La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra los imputados fue aplazada para este miércoles a las 11:00 de la mañana.
La acusación está basada en el informe técnico presentado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), en el cual se establece que el desplome fue ocasionado por un exceso de carga que superó la capacidad estructural del edificio.
El informe, recibido el 11 de junio por el procurador adjunto Wilson Camacho, también señala que se ignoraron múltiples advertencias sobre fallas en la edificación.
