SANTO DOMINGO.- Un total de 22 personas están involucradas en el recién destapado caso de supuesta corrupción denominado operación Calamar.
En el documento de solicitud de medida de coerción, que consta de 2120 páginas, el Ministerio Público detalla las características y cómo los implicados en el caso desarrollaban los supuestos robos al erario.
De acuerdo con el documento, los exministro de Hacienda, Donald Guerrero; exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo identificaban los bienes que habían sido declarados de utilidad pública y a cuyos dueños no se les había realizado el pago del justo precio, logrando que el Estado dominicano erogara fondos en base a maniobras fraudulentas, fondos que retornaban y se traducían en grandes beneficios económicos para los funcionarios públicos y particulares que formaban parte de la referida organización criminal.
Dice que ellos crearon un esquema que incluía la participación de profesionales en ejercicio privado que tenían la función de tramitar los procesos judiciales y administrativos de determinación de herederos irregulares, obtención de duplicados de títulos, constancias anotadas, determinación de justo precio y avalúo en tiempo récord, a fin de crear las condiciones para obtener ganancias ilícitas.
Dentro de sus actividades también se detalles que falsearon documentos públicos como actos de notoriedad, con el fin de excluir herederos, a los que afectaron sus derechos fundamentales.
“Emitían avalúos para el pago fraudulento de parcelas expropiadas sin los debidos soportes técnicos ni los registros correspondientes”, dice el documento el cual también hace referencia a que los involucrados obtenían los pagos sin cumplir mínimamente con los requisitos exigidos para los procedimientos de pago.
El Ministerio Pública alega que el grupo realizó pagos de expropiaciones de terrenos empleando manejos fraudulentos, es decir, “sin acreditarse previamente la calidad de los reclamantes, con expedientes incompletos por ausencia de actas del estado civil, certificados de títulos y constancias anotadas, ausencia de pago de impuestos sucesorales, entre otros”.
Emitieron pagos irregulares a personas que, al momento del decreto de expropiación, no tenían derechos registrados en la parcela expropiada.
Además, obligaban a los supuestos reclamantes a firmar en su favor cesiones de créditos en base a deudas imaginarias, como condición sine qua non para la gestión del pago.
Las autoridades alegan que los acusados simularon deudas basándose en la gestión del pago ante los propios funcionarios que formaban parte del entramado corrupto, sin ningún soporte.
“Maniobraron para que un altísimo porcentaje de los montos pagados por deudas administrativas, mediante las cesiones de crédito fraudulentas, recayeran en las mismas personas físicas y jurídicas que formaban parte del entramado de corrupción”, según el expediente.
