SANTO DOMINGO.- Tras su nombre sonar en el caso Calamar, el diputado del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sergio Moya, negó que esté vinculado a la última operación por supuesta corrupción desplegada por el Ministerio Público, y aseguró que si se le prueba que ha recibido de forma irregular un sólo centavo en perjuicio del Estado, renuncia a su cargo como diputado y se retira de la vida pública.
Durante la sesión de la Cámara Baja de este jueves dijo que “no existe ni existirá un solo dueño de banca que pueda demostrar o probar, que me haya reunido, hablado o solicitado la entrega de dinero, o que yo haya sido parte de ninguna mafia, razón por la cual no ha habido ni habrá imputación legal sobre mi persona”.
El diputado por la circunscripción 3 del Distrito Nacional indicó que lo que se ha desplegado en su contra es una campaña masiva de mentiras que muestra el interés de algún sector de hacerle daño político.
Indicó que por ejemplo, “se ha difundido que he tenido alrededor de 100 inasistencias a las sesiones, y puedo demostrar con certificación del hemiciclo que he asistido en un 83%, entre otras cosas”.
Informó que sus abogados “están recabando todas las pruebas de las calumnias que sobre mi se han dicho, para que, a partir de hoy, las discutamos en el plano judicial”.
Explicó que tiene 32 años sin interrupción, teniendo bancas deportivas y los últimos 7 años, me he dedicado a la vida política activa.
Advirtió que, a partir de hoy, no va a permitir bajo ninguna circunstancia continúen difamándolo en el caso que está ocupando la atención del país, el denominado “caso Calamar”.
“Yo creo en el sistema de justicia dominicano, en el rol del Ministerio Público, además el que nada debe, nada teme”, indicó el legislador.
«Los delatores»
Al menos cuatro delatores del referido caso indican en los interrogatorios que el legislador fue uno de los jefes de los cobros ilegales a bancas de apuestas en el país. Uno de los que lo identificó fue Ramón Emilio Jiménez «Mimilo«, Dijo que el diputado estuvo ocho meses al frente de los negocios irregulares de extorsión a bancas de lotería.
