SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), recomendó al Gabinete de Política Social rescindir los 70 contratos y detener la suscripción de otros nuevos contratos, así como la entrega de fondos, en caso de haber realizado una contratación directa a favor de un sector de la clase artística.
En una comunicación remitida al titular de esa entidad, Francisco Antonio Peña Guaba, el organismo regulador de las compras estatales recordó que la contratación de servicios es uno de los procesos sujetos a la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas, de acuerdo a lo que establece el artículo 5 de la normativa.
“Según las disposiciones del numeral 2, del párrafo del artículo 6 de la referida Ley, así como el numeral 4 del artículo 3 de su Reglamento de aplicación, aprobado mediante el Decreto 543-12, la contratación de artistas es considerada un caso de excepción, por responder a la especialidad del proveedor relacionada con sus conocimientos artísticos y su reconocida experiencia en la prestación objeto de la contratación”, destaca el documento firmado por el director de la DGCP, Carlos Pimentel.
La DGCP informó en un comunicado de prensa que la contratación de estos artistas no se encuentra en el Portal Transaccional, contrario al principio de transparencia y publicidad y al artículo 6 del Decreto Núm. 350-17, aun cuando el Gabinete de Coordinación de la Política Social tenía la obligación legal de ajustar dichas contrataciones a la normativa.
Agrega que las instituciones no pueden realizar contrataciones directas, y solo se justifican en los casos expresamente establecidos en la Ley, como son las compras por debajo de RD$147,699.99.
Contrataciones Público, también informó que inició un proceso de investigación sobre dicho proceso, con base en las disposiciones establecidas en el artículo 71 de la Ley 340-06, y solicitó al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales que produzca y remita el informe justificativo sobre los trámites y base legal que sustentan dichas contrataciones, tal y como dispone la normativa.
“Mediante la investigación de que se trata, el órgano rector examinará el impacto que pudieran tener las irregularidades preliminares identificadas y aquellas otras que surjan del análisis final del caso, por lo que procederá a verificar de oficio el cumplimiento o incumplimiento de causales de nulidad absoluta o anulabilidad establecidos en el régimen de contrataciones públicas”, expresó el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel en la comunicación remitida a Peña Guaba.
