SANTO DOMINGO, RD. – El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, impuso tres meses de prisión preventiva contra Alexis Medina, acusado de dirigir una red de corrupción administrativa con la que, según el Ministerio Público, se benefició de procesos de compra de urgencia y logró libramientos de pagos por un monto de más de RD$200 millones.
El juez acogió la solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) de declarar el caso complejo y dispuso que dicha condena sea cumplida en la Centro Correccional Sancristobalense.
El juez Alejandro Vargas dispuso que el primero de marzo Alexis Medina deberá presentarse ante el Tercer Juzgado de la Instrucción a una revisión obligatoria del caso.
Previo a emitir su veredicto el magistrado dijo que por Alexis Medina ser el hermano más pequeño del expresidente Danilo Medina, representaba ser “la niña linda” del exmandatario y que por eso siempre quiso mantenerlo lejos del gobierno.
Destacó que Alexis no correspondió con el concepto del expresidente y empezó a hacer negocios con el Estado y “negocios notorios”.
Asimismo, indicó que no solo el Ministerio Público está detrás de Alexis, sino también un grupo empresarial que se alegran de verlo acusado por ser hermano del presidente.
Asimismo, el magistrado Alejandro Vargas señaló que en el Gobierno Alexis mandaba más que los mismos funcionarios.
Durante su ponencia, el magistrado felicitó a Alexis por su éxito en el comercio y cuestionó que “quisiera saber si Alexis tuviera tanta suerte ahora como la tuvo antes para el comercio”.
Acusación
Según la acusación del Ministerio Público y que fue defendida por la procuradora Adjunta Yeni Berenice Reynoso y el magistrado Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Alexis Medina dirigió una red criminal a nivel operativo, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de República, Danilo Medina Sánchez, quien agotó dos períodos constitucionales entre 2012 y 2020.
Mediante el tráfico de influencias y las violaciones a múltiples leyes, los encartados en el caso crearon un millonario entramado societario que les permitió beneficiarse de los fondos de los contribuyentes, al recibir pagos de miles de millones de pesos del Estado, mediante operaciones ilegales en las que utilizaron a personas físicas y jurídicas.
El organismo también solicita la clausura temporal de las razones sociales Domedical Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, General Medical Solution A.M. SRL, United Suppliers Corporations SRL, Kyanred Supply SRL, General Supply Corporations, Wattmax Dominciana SRL y Fuel American Inc. Dominicana SRL.
