Santo Domingo.- 19 organizaciones de la sociedad civil haitiana y dominicana denuncian las políticas anti-haitianas y la violencia racista impulsadas por el Gobierno. En una declaración conjunta, las organizaciones firmantes advierten que la actual política de deportaciones masivas, redadas ilegales, represión y violencia racista constituyen violaciones graves de los derechos humanos y el peligro de que la represión degenere hacia una limpieza étnica.
Así lo afirmaron el Colectivo HaitianosRD; el Movimiento Socialista Trabajadoras y Trabajadores (MST); el Movimiento Social de Trabajo Humanitario y Ambiental (MOSCTHA); la Fundación Código Humano; el Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer (CUDEM); el Movimiento Caamanista; la Liga Haitiana Internacional (LIHAITI); las Asociaciones Solidarias de Obreros Migrantes Línea Noroeste (ASOMILIN); el Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR), así como la Fundación Zile.
De igual forma firman el documento la Plataforma de Organizaciones de Derechos Humanos (POHDH); la Plataforma Haitiana Incidencia para un Desarrollo Alternativo (PAPDA); el Centro Puente Haiti (Sant Pon Ayiti, SPA); la Comision Episcopal Justicia y Paz (CE-JILAP); la Asamblea Pueblo del Caribe (APK/ ALBA Ayiti); Solidaridad Mujeres Haitianas (Solidarite Fanm Ayisyèn, SOFA); la Organización Feminista Dantò; la Plataforma Género Nordeste (PGNE); Finfin Fania, así como Colette Lespinasse, defensora de Derechos Humanos.
Las entidades y personalidades firmantes recuerdan que el 2 de octubre de 2025, se cumplió un año desde que el gobierno dominicano anunciara una cuota semanal de deportación de 10,000 personas hacia Haití, una medida que viola el derecho internacional, el protocolo binacional del 1999, la propia Constitución y la ley migratoria dominicana, al promover deportaciones colectivas sin debido proceso ni evaluación individual.
Denuncian que las autoridades han instaurado un régimen de excepción de facto contra las personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, sometiéndolas a arrestos, golpizas, detenciones arbitrarias y negación de servicios básicos, incluyendo la atención médica gratuita, pese a ser un derecho constitucional.
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Violaciones sistemáticas y graves
Las organizaciones documentan una serie de abusos y medidas discriminatorias que afectan especialmente a mujeres, niñas y niños, personas envejecientes que requieren atención de salud, entre ellas:
- Arrestos y deportaciones masivas basadas en el color de la piel.
- Detención y expulsión de mujeres embarazadas, y niños y niñas no acompañados, violando así la Convención sobre los Derechos del Niño.
- Negación del acceso a la salud pública y gratuita, mediante el control migratorio en los hospitales y el cobro de servicios.
- Destrucción de comunidades donde viven personas haitianas, como el barrio Mata Mosquito en Verón-Punta Cana.
- Actos de violencia física y sexual, discursos racistas desde estamentos oficiales y la actividad impune de grupos paramilitares.
Las entidades destacan que incluso niños recién nacidos han sido privados de la vacunación, poniendo en riesgo su vida y la de la colectividad. “Estos hechos son indicios del peligro de un nuevo intento de limpieza étnica, como la que ocurrió en 1937”, alertan los firmantes de la declaración.
En este sentido, las organizaciones han hecho exigencias tanto al gobierno dominicano para que detenga inmediatamente las deportaciones masivas y la violencia. De igual forma, que cumpla con el protocolo binacional de repatriaciones el cual fue firmado en 1999. Solicitan que se restablezca el derecho a la atención médica, al asilo y al refugio. También que se desmantelen los grupos paramilitares que dicen actúan con impunidad.
Al gobierno haitiano se le insta a asistir a sus nacionales en territorio dominicano, ofrecerles asistencia humanitaria y legal, y garantizar el acceso gratuito a documentos de identidad.
Agradecen a las organizaciones de República Dominicana, Haití y de otros países del mundo «que han mostrado su solidaridad frente a estas violaciones».
