El Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley orgánica sobre libertad de expresión y medios audiovisuales que, aunque mejorable como toda iniciativa, constituye un paso de avance importante en la tutela de los derechos fundamentales que desarrolla el artículo 49 de nuestra Constitución.
El proyecto consagra, como principios fundamentales, la prohibición de la censura previa -ya establecida en la Constitución-, el derecho de acceso universal al internet, la tolerancia oficial a la crítica pública, se reiteran la existencia de la cláusula de conciencia y del secreto de las fuentes periodísticas.
Se trata de una legislación que actualiza normativamente el régimen de libertad de expresión con un enfoque garantista, pues se pone énfasis en el debido proceso administrativo y en los derechos de los terceros afectados por el ejercicio de ese derecho fundamental.
Es importante destacar que la ley no prevé sanciones penales, sino que establece un catálogo de infracciones administrativas, algunas de las cuales protegen el ejercicio de la libertad de expresión de los atentados que pudieran provenientes de particulares y de servidores y funcionarios públicos.
Este proyecto de ley surge en el contexto de una sociedad que presencia un acelerado deterioro de los contenidos que se vierten por algunos medios de comunicación y por plataformas digitales, que han apostado a un lenguaje vulgar, al chisme subido de tono y al escándalo, como forma de obtener rating y publicidad.
Especial interés pone el proyecto en la tutela de la infancia, la adolescencia y las personas con discapacidad, promoviendo el libre acceso de todos los dominicanos a las fuentes de información pública y privada de relevancia pública, consagrando el principio de neutralidad en la red.
Convendría que la comisión senatorial creada para estudiar esta importante pieza legislativa convoque a todos los interesados en aportar ideas para la mejorarla, porque si bien la libertad de expresión resiste ser regulada sin que su contenido esencial sea tocado, lo que se impone es seguir fortaleciendo la familia de derechos fundamentales contenidos en nuestra Constitución y en el bloque de constitucionalidad.
En un mundo donde el populismo de derecha e izquierda amenaza el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa, es necesario apoyar proyectos como éste que persiguen aumentar la tutela de esos derechos.
