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Cristiano declara este lunes acusado por la Fiscalía española de defraudar 14,7 millones TEST

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MADRID. Cristiano Ronaldo, internacional portugués del Real Madrid, acudirá este lunes a las 11.30 horas al Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) para declarar como investigado ante la denuncia presentada por la Fiscalía en la que le cusa de defraudar a Hacienda 14,7 millones de euros.

La comparecencia judicial se produce en fase de instrucción y, por tanto, tal y como se establece en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se realizará a puerta cerrada.

Ante la expectación creada y para evitar desórdenes de orden público, la zona de acceso permanecerá vallada y los medios podrán captar sin aglomeraciones la entrada y salida del futbolista.

Cristiano tiene previsto hacer una declaración oficial al término de su comparecencia en el Juzgado.

La Fiscalía acusa a Ronaldo de crear una estructura societaria para defraudar 14,7 millones de euros de forma “consciente” y “voluntaria” y le imputa cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2011 y 2014, que suponen un fraude de 14,7 millones.

En el escrito enviado a los Juzgados de Instrucción de Pozuelo de Alarcón, el Ministerio Público lo acusa de cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14.768.897 euros. Las cuotas defraudadas son de 1,39 millones en 2011, 1,66 en 2012, 3,20 en 2013 y de 8,5 en 2014.

Además, la Fiscalía asegura que Ronaldo presentó en su declaración del IRPF de 2014 una rentas de fuente española entre 2011 y 2014 de 11,5 millones de euros, cuando las rentas verdaderamente obtenidas fueron de casi 43 millones de euros.

Frente a esta tesis, el despacho de abogados Baker&McKenzie, que asesora a Cristiano desde que tuvo conocimiento de la denuncia, basará la defensa del futbolista en diferencias de criterio sobre la valoración de los derechos de imagen obtenida en España.

“Una mera discrepancia valorativa, que no puede considerarse dolosa porque se basa en una interpretación razonable de la norma, no existían precedentes y la conducta del contribuyente fue razonable y diligente, con la información existente en 2014”, según fuentes de su equipo jurídico.

“Las diferencias a la hora de cuantificar la parte de la renta derivada de la cesión de derechos de imagen que debe considerarse ‘obtenida en España’ no tiene trascendencia penal y debe ser resuelta por la jurisdicción contenciosa administrativa”, subrayan las mismas fuentes.

“Y la presunta defraudación realizada entre los años 2011 y 2013, más allá, de la discrepancia valorativa, proviene exclusivamente de haber pagado el impuesto en 2014, en lugar de hacerlo cada año, cuyas consecuencias deben circunscribirse nuevamente en el ámbito administrativo”, apostillan.