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Sacerdote dice hay que vigilar más la frontera

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SANTIAGO, Rep. Dom.-Las autoridades dominicanas deben fortalecer la vigilancia de la frontera y tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad del derecho al libre tránsito de todo ciudadano por el territorio nacional, para evitar ser sorprendidos por desaprensivos haitianos como ocurrió con el cardiólogo Pedro Ureña, el pasado fin de semana.

Al referirse al hecho, el sacerdote Rafael Cruz Castellanos, miembro de la Pastoral Familia y Vida del Arzobispado de esta ciudad, dijo que el Estado dominicano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y los organismos de seguridad, deben velar por la seguridad, para que los dominicanos puedan andar sin ningún temor.

“Creo que se debe fortalecer la frontera y tomar las medidas de lugar como debe de ser”, afirmó el religioso.

El sacerdote habló durante una rueda de prensa para anunciar la marcha “Un paso por mi familia”, con motivo de fomentar el restablecimiento de los valores humanos y cristianos en la sociedad.

La iniciativa es impulsada por la Comisión Arquidiócesis de la Pastoral Familiar y será llevada a cabo el próximo domingo 18 de este mes, saliendo desde la Catedral Santiago Apóstol El Mayor, a las 8:00 de la mañana hasta el Parque Central.

Según el padre Cruz Castellanos, con “Un paso por mi familia”, la Iglesia Católica defiende su lucha por las dos vidas, la madre y el bebé y reitera su oposición a la práctica del aborto.

La actividad concluirá a las 10:00 de la mañana con la celebración una misa, la cual será presidida por el arzobispo Freddy Antonio Bretón, según informó el sacerdote vicario adjunto Rafael Ariel López.

Castigan a la víctima, no al criminal. El sacerdote manifestó que los niños que nacen con algún problema o producto de una violación tienen también el derecho a la vida.

Cruz Castellanos criticó que, el hecho de que cuando una mujer es violada se quiera castigar al bebé por medio del aborto, mientras el criminal se pasea por las calles sin el castigo que le deben aplicar las autoridades judiciales.

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